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México tiene uno de los mercados laborales más activos entre los adultos mayores de América Latina, pero también enfrenta una de las ventanas más reducidas para que esos años adicionales de trabajo se conviertan en ahorro para el retiro.
Un mexicano que llega a los 60 años tiene, en promedio, 12.8 años más de vida saludable, la cifra más baja entre los ocho países analizados por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) en su estudio De la longevidad informal a la cotización efectiva.
Con una edad legal de jubilación de 65 años, esto representa una ventana aproximada de 7.8 años de vida saludable después de alcanzar la edad de retiro, un margen menor al observado en otros países de la región.
El problema es que, aunque los mexicanos siguen trabajando después de los 50 años, una parte importante deja de hacerlo bajo esquemas formales y, con ello, deja de cotizar para su pensión.
De acuerdo con el estudio, México registra una tasa de ocupación de 65.6% entre las personas de 50 años y más, la segunda más alta de los ocho países analizados, sólo detrás de Uruguay. Sin embargo, la informalidad alcanza 28.2% en este grupo.
La tendencia se repite en prácticamente toda la región: después de los 50 años, las personas no necesariamente abandonan el mercado laboral, sino que migran de la formalidad hacia la informalidad.
FIAP encontró que la formalidad cae entre 15 y 30 puntos porcentuales en los países estudiados, mientras que la participación laboral sólo disminuye entre cinco y 15 puntos.
Para los sistemas de pensiones, la diferencia es relevante. Una persona puede continuar trabajando durante años, pero si lo hace fuera de la formalidad, ese tiempo no necesariamente se traduce en nuevas semanas cotizadas ni en mayores recursos para su retiro.
Reglas que frenan la cotización
En el caso mexicano, FIAP identifica además algunas reglas que pueden dificultar la permanencia en el sistema contributivo durante las últimas etapas de la vida laboral.
Una de ellas es el requisito de cesantía para acceder a una pensión, que implica dejar de cotizar antes de iniciar el trámite del beneficio.
El estudio también señala la suspensión de la Pensión Garantizada cuando una persona pensionada vuelve a incorporarse al Régimen Obligatorio del IMSS, conforme al artículo 173 de la Ley del Seguro Social. Esta disposición puede convertirse en un desincentivo para regresar al empleo formal una vez que se ha obtenido una pensión.
A esto se suma el requisito de semanas cotizadas, que actualmente se encuentra en transición de 750 a 1,000 semanas hacia 2031, derivado de la reforma de 2020.
Para FIAP, este esquema puede generar comportamientos estratégicos alrededor del umbral de semanas, en lugar de incentivar una trayectoria continua de cotización.
México tiene un punto a favor
El diagnóstico no es completamente negativo para México. El país cuenta con una ventaja frente a otras economías de la región: la Pensión del Bienestar.
El programa funciona como un piso de protección universal y, al no estar condicionado a una prueba de medios, evita que los beneficiarios enfrenten una pérdida total del apoyo al aumentar sus ingresos.
Este riesgo, conocido como “pérdida binaria”, sí está presente en países como Colombia, Perú, El Salvador y República Dominicana.
Sin embargo, el reto de fondo permanece: conseguir que más trabajadores lleguen a la vejez con ahorro suficiente y con una trayectoria más larga de cotización.
Por ello, FIAP coloca a México, junto con Costa Rica, entre los países con condiciones institucionales intermedias, donde existen restricciones específicas que podrían corregirse para aprovechar mejor el hecho de que los adultos mayores permanecen durante más tiempo en el mercado laboral.
La recomendación para México es eliminar el requisito de cesantía y permitir que las personas continúen cotizando después de pensionarse, de manera que esas aportaciones tengan un efecto visible sobre su ahorro individual.
La lógica es sencilla: si los mexicanos van a trabajar durante más años, el sistema de pensiones necesita darles incentivos para hacerlo dentro de la formalidad.
México ya avanzó en elevar el ahorro obligatorio. La reforma de 2020 incrementó de manera gradual la aportación patronal y llevó la contribución tripartita total al sistema de Afores a 10.96% del salario, con 6.275 puntos porcentuales a cargo del empleador.
Ahora, el desafío es que una mayor vida laboral no termine significando simplemente más años de trabajo informal, sino más años de cotización y un mayor ahorro para el retiro.
