En esta noticia
Millones de empleados experimentarán un cambio significativo en sus recibos de nómina como consecuencia de una resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a finales de febrero.
La sentencia, que fue implementada de manera inmediata, erradica una práctica que durante años disminuyó de manera silenciosa el salario neto de docentes, enfermeros, médicos, funcionarios públicos y empleados de grandes corporativos privados.
El máximo tribunal del país resolvió que las retenciones automáticas que se aplicaban sobre los salarios —sin que los trabajadores pudieran rechazarlas— son inconstitucionales.
¿Qué orden emitió exactamente la Suprema Corte y por qué marca un hito histórico?
Los ministros, con mayoría de votos, arribaron a la conclusión de que dichas deducciones rompían el principio de intangibilidad salarial, un pilar fundamental del derecho laboral que prohíbe que el salario sea intervenido de manera arbitraria. Este fallo, formalizado el 22 de febrero de 2026, ordenó la suspensión inmediata de las retenciones y abrió la puerta a revisiones retroactivas.
El Máximo Tribunal llevó a cabo un análisis de las demandas presentadas por organizaciones sindicales y colectivos laborales, los cuales alegaban que ciertas quitas aplicadas a los salarios brutos —destinadas a fondos de estabilización económica y esquemas de pensiones complementarias— sobrepasaban los límites permitidos por la ley y se ejecutaban sin el consentimiento expreso del trabajador.
Expertos en derecho laboral indican que este precedente sienta un límite claro: ninguna deducción puede aplicarse de forma obligatoria si no cuenta con base legal expresa y aceptación del trabajador.
¿Cuánto dinero adicional recibirán los trabajadores y quiénes se beneficiarán más?
Para verificar la aplicabilidad de la suspensión en cada caso particular, es suficiente revisar el recibo de nómina más reciente en los portales del IMSS o de la Afore correspondiente, buscando conceptos como “retención especial” o “fondo de reserva”.
En caso de que alguno de esos rubros se encuentre presente, el trabajador califica para la suspensión y puede iniciar el trámite de devolución ante el área de Recursos Humanos de su empresa, que tiene un plazo de 90 días para hacer efectivo el reembolso.
Las estimaciones calculan que la suspensión libera entre el 5% y el 10% del salario mensual por persona, lo que se traduce en un rango práctico de 500 a 2,000 pesos adicionales por mes, dependiendo del nivel de ingreso.
Adicionalmente, aquellos que puedan demostrar que la deducción se aplicó de forma indebida en los últimos seis meses tendrían derecho a reembolsos por dicho período.
Los sectores con mayor concentración de afectados son educación y salud —maestros, médicos y enfermeros encabezan la lista—, seguidos por trabajadores administrativos del gobierno federal y empleados de empresas que operan bajo convenios colectivos sujetos a normativa federal.
