En México, millones de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dependen de recibir atención médica a tiempo para cuidar su salud. No obstante, en algunos casos, las demoras prolongadas en áreas de urgencias provocan situaciones delicadas que obligan a los pacientes a recurrir a hospitales privados, generando gastos imprevistos. El caso que dio origen a este criterio involucró a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acudió a un hospital del IMSS con síntomas urgentes, cuyo tiempo máximo de espera debía ser de 30 minutos. Sin embargo, la atención se brindó hasta dos horas después, lo que lo llevó a buscar atención en una clínica privada. Tras solicitar el reembolso, el organismo rechazó la petición bajo el argumento de que no hubo una negativa expresa de atención. Aun así, el máximo tribunal concluyó que el retraso excesivo constituye una falla en el servicio, lo que activa el derecho a recuperar los gastos médicos realizados en instituciones privadas, conforme a los lineamientos legales y estándares de urgencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el reclamo de los gastos médicos, al indicar que el Estado tiene la obligación de garantizar un nivel mínimo del derecho a la salud. En ese sentido, los retrasos que exceden los tiempos afectan de forma directa a la calidad y eficacia de la atención, incluso cuando el derechohabiente cumple con los procedimientos establecidos. En la práctica, esto implica que cualquier persona que acuda a urgencias del IMSS y no sea atendida dentro de los tiempos estipulados puede solicitar el reembolso de los gastos en hospitales privados, siempre que cumpla con la documentación y requisitos legales correspondientes. Este fallo marca un precedente importante en materia de salud pública y derechos de los afiliados, al reforzar la responsabilidad del organismo de cumplir con los estándares de atención y proteger a quienes, ante demoras institucionales, se ven obligados a buscar alternativas para salvaguardar su salud.