La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha marcado un antes y un después en la jurisprudencia laboral de México al determinar que las universidades autónomas están obligadas a cumplir con los estándares mínimos de seguridad social. En una resolución unánime, el Pleno ordenó a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) garantizar de forma vitalicia la pensión por viudez de una trabajadora, invalidando las restricciones temporales que imponía su contrato colectivo. El dictamen, basado en el Amparo Directo en Revisión 7272/2025, establece que los contratos laborales de estas instituciones no pueden estar por encima de la Constitución. La Corte instruyó al tribunal colegiado a emitir una nueva sentencia que obligue a la UANL a realizar las aportaciones retroactivas al Fondo Nacional de la Vivienda, asegurando que los derechos de los empleados universitarios sean plenamente reconocidos. La ministra Lenia Batres subrayó la importancia de este juicio como “el primer precedente de la nueva integración de esta Suprema Corte respecto del derecho de los trabajadores de las universidades autónomas para acceder a una vivienda adecuada”. Esta decisión rompe con la práctica común de algunas instituciones de educación superior que, bajo el amparo de su autonomía, aplicaban criterios restrictivos en sus contratos colectivos para limitar beneficios de seguridad social. El caso tomó relevancia nacional debido a que la UANL intentó limitar la pensión por viudez de una mujer adulta mayor a un periodo de solo 10 años. La institución argumentaba que su normativa interna prevalecía sobre las leyes generales; sin embargo, la SCJN determinó que la autonomía universitaria no es una autorización para “desaplicar” los derechos humanos laborales ni ignorar los tratados internacionales de los que México es parte. La Corte fue enfática al señalar que la seguridad social es un derecho que no admite restricciones temporales arbitrarias. Según el documento judicial: “La pensión por viudez es parte del derecho a la seguridad social, por lo que debe garantizarse de manera vitalicia, sin restricciones temporales injustificadas”. El Pleno determinó que las aportaciones patronales del 5% del salario son una obligación ineludible. La ministra Batres advirtió que otros mecanismos, como préstamos personales o apoyos financieros internos, no sustituyen el mandato constitucional. Según la ministra, estas gestiones internas no cumplen con el estándar mínimo de bienestar y no pueden considerarse un reemplazo de las aportaciones oficiales al fondo de vivienda. Este fallo obliga a todas las universidades autónomas del país a revisar sus contratos colectivos para alinearlos con la Constitución. A partir de ahora, “basta con acreditar que la relación laboral existió para que surja el derecho a exigir el cumplimiento de dichas aportaciones por todo el tiempo en que debieron realizarse”, blindando así el futuro patrimonial de miles de trabajadores del sector académico en México.