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La reciente cancelación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Grupo GICSA no solo dejó atrapados a inversionistas que compraron acciones anticipando un eventual desliste de la empresa. El episodio también evidenció las debilidades del mercado bursátil mexicano en materia de liquidez, gobierno corporativo y protección a los accionistas minoritarios.
La desarrolladora de centros comerciales y oficinas anunció la semana pasada que desistía de la oferta, luego de que algunos integrantes de sus órganos de gobierno expresaran preocupaciones sobre la forma en que el mercado interpretó la operación, al considerar que buscaba retirar a la emisora de bolsa.
La OPA de GICSA en la BMV
En abril, GICSA informó su intención de lanzar una OPA por hasta la totalidad de las acciones en circulación como parte de una “evolución estratégica”. La oferta contemplaba un precio de MXN $3.80 por acción, equivalente a una prima de 33.3% respecto al cierre del 16 de abril, previo al anuncio.
La empresa también destacó que el precio representaba una prima de 34.8% frente al promedio ponderado de los últimos 30 días de cotización. Tras conocerse la operación, las acciones llegaron a subir más de 10% durante la sesión.
Sin embargo, Amin Vera, director de Operaciones de Invala Family Office, consideró que el movimiento atrajo tanto a inversionistas que interpretaron la operación como un eventual desliste como a operadores que buscaban capturar la diferencia entre el precio de mercado y el ofrecido en la OPA.
“La operación terminó dejando atrapados a quienes compraron esperando participar en la oferta”, dijo.
Propuesta a un cuarto del valor en libros
Para el especialista, la aparente prima ofrecida por GICSA ocultaba otra realidad ligada a que el precio propuesto equivalía apenas a una fracción del valor en libros de la compañía, que ascendía a alrededor de MXN $20 por acción al cierre de 2025, según información de la propia emisora.
“Ofrecen una ‘prima’ que es literalmente la séptima parte del valor en libros, pero es un ‘tómalo o déjalo’ porque saben que la acción prácticamente no tiene liquidez”, señaló Vera.
Un problema de mercado
Tras el anuncio inicial, algunos inversionistas interpretaron que la oferta buscaba sacar a GICSA del mercado, debido a que la empresa planteó adquirir “hasta la totalidad” de las acciones que permanecían en manos del público inversionista.
No obstante, en el comunicado mediante el cual canceló la operación, publicado el 23 de junio, la empresa aclaró que el objetivo era ofrecer liquidez a un grupo de accionistas que habían manifestado interés en vender sus títulos a los precios actuales.
Para Vera, el episodio también refleja la limitada capacidad de reacción de los mecanismos de gobierno corporativo en el mercado mexicano.
En EE.UU., explicó, operaciones similares suelen enfrentar cuestionamientos por parte de inversionistas institucionales con participaciones relevantes, quienes pueden organizarse para impugnar este tipo de transacciones e incluso promover litigios que posteriormente derivan en investigaciones regulatorias.
“Suelen ser fondos con participaciones importantes que presionan desde las asambleas o llevan el caso a tribunales. A partir de ahí entra el regulador”, explicó.
En contraste, dijo que en México es poco común observar este tipo de acciones coordinadas entre accionistas minoritarios.
Un ejemplo reciente fue la OPA realizada por Fibra Soma para adquirir hasta 5% de sus certificados bursátiles, una operación que fue autorizada y se completó sin mayores objeciones regulatorias.
“Es muy raro ver una demanda de ese tipo en México; normalmente estos asuntos terminan resolviéndose en petit comité”, expresó.
Sin embargo, la operación ya atrapó a otros grupo de inversionistas y la empresa podrá continuar con sus operaciones “conforme a la normatividad aplicable y a las prácticas del mercado“, según el comunicado de la empresa.
