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El gobierno federal busca paliar la peor crisis del sector acerero en los últimos 30 años, a través el “Pacto del Acero”, que implica dar prioridad al metal producido en México en las compras públicas; sin embargo, esta iniciativa puede resultar contraproducente para las finanzas públicas del país, advierte Banamex.
La capacidad de producción de la industria acerera nacional está a la mitad, debido en parte a la competencia desleal del acero chino, que llega a México con precios por debajo del mercado, debido a los subsidios que implementa el gobierno de Beijing, a lo que se sumó la política arancelaria de Donald Trump, a través de la sección 232, que implica la “seguridad nacional”, y un costo adicional a las exportaciones de 50%.
De acuerdo con Banamex, el éxito del plan, que busca impulsar la “soberanía” industrial, dependerá de la capacidad real del sector para responder sin generar distorsiones en los precios ni presiones adicionales que abonen a la “fragilidad de las finanzas públicas”.
“El entorno global sigue caracterizado por un mercado de acero con exceso de capacidad, especialmente en Asia. En un contexto en el que se proyecta un crecimiento modesto de la demanda mundial de acero, México enfrenta una doble presión, por una parte, la competencia, probablemente en parte desleal, de importaciones chinas y por otro lado,
las barreras comerciales impuestas por Estados Unidos”, advierte el área de Estudios Económicos de Banamex.
Uno de los riesgos es que el Pacto del Acero representa un intento de usar la capacidad de compra del Estado como herramienta de política industrial, pero puede crear dependencia de la demanda pública, así como posibles ineficiencias si no se acompañan de mejoras en competitividad y productividad.
En este sentido, el Estado se volvería el principal comprador, al utilizar la materia prima nacional en proyectos federales que incluyen carreteras, hospitales, vivienda, infraestructura estratégica, con incentivos en licitaciones por mayor contenido local y compromisos de los productores para mantener precios competitivos y calidad.
“En principio, esto podría inyectar demanda inmediata a un sector que opera con plantas a media máquina. Sin embargo, el sector no está exento de posibles retos. Si el acero nacional es más caro que el importado, el gobierno enfrentará mayores desembolsos por cada kilómetro de carretera o cada hospital construido”, dijo Banamex.
El riesgo de menos obras
Las finanzas públicas del país tienen poco espacio para destinar recursos a inversión productiva, debido a la deuda, los gastos sociales y la baja recaudación, el mayor gasto en acero podría traducirse en menos proyectos ejecutados, reasignaciones presupuestales forzadas o un deterioro en los balances fiscales, señaló Banamex.
El Pacto del Acero tiene dos caras de una misma moneda: por un lado, impulsará un incremento de la capacidad utilizada, preservará empleos en zonas como Coahuila, Nuevo León y Michoacán y reducirá las importaciones.
Al mismo tiempo, podría mitigar parte del daño causado por los aranceles estadounidenses y la competencia asiática, aunque su efectividad real dependerá de la disciplina en la implementación, como la transparencia en licitaciones.
Sin embargo, del otro lado puede haber un alza temporal en precios del acero doméstico podría encarecer la infraestructura pública, presionando a la baja el multiplicador de la inversión y afectando la ejecución de proyectos clave. Además, si la medida se percibe como proteccionismo excesivo, podría generar tensiones comerciales adicionales o desincentivar la inversión privada en el sector, advierte Banamex.
“El impacto en finanzas públicas sería el elemento más crítico ya que con un presupuesto federal ya comprometido en múltiples frentes, el costo incremental por usar acero nacional podría forzar ajustes en otros rubros o elevar la deuda, limitando aún más el margen de maniobra ante posibles choques externos”, concluye.