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La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, amplió de manera decisiva su lista de personas bloqueadas tras coordinarse con autoridades estadounidenses para rastrear estructuras financieras vinculadas a operaciones ilícitas transnacionales. Los nuevos objetivos incluyen individuos y empresas detectados mediante análisis conjuntos recientes.
La investigación armada por la UIF muestra patrones de dispersión internacional, triangulación de fondos y uso de sociedades fachada que apuntan a un mecanismo sofisticado para ocultar recursos. Las autoridades advierten que las revisiones continuarán en diversas jurisdicciones donde se han identificado movimientos relevantes.
“Estas acciones permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales y contribuyen a impedir que recursos ilícitos sigan circulando en el sistema financiero”, señaló la Secretaría de Hacienda en su comunicado oficial difundido este 19 de noviembre.
Las rutas financieras bajo sospecha: Hacienda pone la lupa
Los reportes compartidos entre México y Estados Unidos exponen una red que operaba en Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido, donde se detectaron empresas vinculadas y transferencias que encendieron alertas internacionales. La UIF confirmó actividad financiera irregular en varias de estas regiones.
Los analistas detectaron compras inmobiliarias mediante prestanombres, manejo de activos en plataformas digitales y dispersión de fondos que buscaba borrar rastros contables. Cada hallazgo fortaleció la hipótesis de una estructura diseñada para ocultar el origen de los recursos involucrados.
Un mecanismo coordinado que se estrecha
Las autoridades mexicanas subrayan que la estrategia bilateral con el Departamento del Tesoro permite un seguimiento más preciso de movimientos transfronterizos.
Esta cooperación ha sido clave para mapear conexiones corporativas creadas para simular operaciones y facilitar circulación ilícita de capital.
La UIF adelantó que se presentarán nuevas denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles delitos fiscales. El objetivo es impedir que la red utilice el sistema financiero para encubrir operaciones y reforzar los mecanismos de supervisión nacional e internacional.
