El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo apenas un día después de haber rechazado públicamente la posibilidad de dejar el puesto, en medio de la crisis detonada por acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La solicitud fue presentada el 1 de mayo ante el Congreso estatal con el argumento de facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que autoridades estadounidenses lo incluyeran en una acusación por supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa y solicitaron su detención con fines de extradición.
La decisión marca un giro abrupto en la postura del mandatario estatal, quien apenas un día antes había descartado pedir licencia o renunciar, en un intento por mantenerse en funciones frente a la presión política y mediática.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntamente facilitar operaciones del narcotráfico a cambio de beneficios políticos y económicos, acusaciones que el gobernador ha negado y calificado como infundadas.
Ante el escenario, Rocha Moya optó por separarse temporalmente del cargo para “no entorpecer” las indagatorias, en un movimiento que también busca contener el impacto institucional en el estado.
La crisis ha escalado a nivel federal. Mientras la FGR ha señalado que no existen pruebas suficientes para proceder de inmediato, el gobierno mexicano ha cuestionado el sustento de las acusaciones estadounidenses, en medio de tensiones diplomáticas.
En paralelo, la salida temporal del mandatario abre la puerta a una reconfiguración política en Sinaloa, donde se prevé la designación de un sustituto interino mientras avanzan las investigaciones.