Millones de empleados verán un cambio concreto en sus recibos de nómina tras una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a finales de febrero. El máximo tribunal del país determinó que las retenciones automáticas que se aplicaban sobre los salarios —sin posibilidad de que los trabajadores las rechazaran— son inconstitucionales. La decisión, que entró en vigor de forma inmediata, pone fin a una práctica que durante años redujo en silencio el sueldo neto de docentes, enfermeros, médicos, funcionarios públicos y empleados de grandes corporativos privados. El Máximo Tribunal analizó demandas presentadas por organizaciones sindicales y colectivos laborales que argumentaban que ciertas quitas aplicadas a los salarios brutos —destinadas a fondos de estabilización económica y esquemas de pensiones complementarias— excedían los límites que permite la ley y se ejecutaban sin consentimiento expreso del trabajador. Con mayoría de votos, los ministros concluyeron que dichas deducciones rompían el principio de intangibilidad salarial, un pilar fundamental del derecho laboral que prohíbe que el salario sea intervenido de manera arbitraria. El fallo, formalizado el 22 de febrero de 2026, ordenó la suspensión inmediata de las retenciones y abrió la puerta a revisiones retroactivas. Especialistas en derecho laboral señalan que este precedente establece un límite claro: ninguna deducción puede aplicarse de forma obligatoria si no cuenta con base legal expresa y aceptación del trabajador. Las estimaciones calculan que la suspensión libera entre el 5% y el 10% del salario mensual por persona, lo que en términos prácticos se traduce en un rango de 500 a 2,000 pesos adicionales por mes, dependiendo del nivel de ingreso. Además, quienes puedan acreditar que la deducción se aplicó de forma indebida en los últimos seis meses tendrían derecho a reembolsos por ese período. Los sectores con mayor concentración de afectados son educación y salud —maestros, médicos y enfermeros encabezan la lista—, seguidos por trabajadores administrativos del gobierno federal y empleados de empresas que operan bajo convenios colectivos sujetos a normativa federal. Para verificar si aplica en cada caso, basta con revisar el recibo de nómina más reciente en los portales del IMSS o de la Afore correspondiente, buscando conceptos como “retención especial” o “fondo de reserva”. Si alguno de esos rubros aparece, el trabajador califica para la suspensión y puede iniciar el trámite de devolución ante el área de Recursos Humanos de su empresa, que tiene un plazo de 90 días para hacer efectivo el reembolso.