Una cláusula que durante años pasó casi inadvertida en la legislación estatal terminó por caer bajo el escrutinio constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el requisito que exigía ser mexicano por nacimiento —y no contar con otra nacionalidad— para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Durango. El fallo no solo impacta en un puesto específico: cambia los límites que tienen los congresos estatales para establecer condiciones de acceso a cargos públicos y amplía el universo de personas que pueden aspirar a una de las posiciones más sensibles en materia de control del gasto. La controversia giró en torno al artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Durango. Esa disposición establecía que quien encabezara la Auditoría Superior debía ser mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. El Pleno de la Corte consideró que el Congreso de Durango excedió sus atribuciones por imponer una condición que no encuentra respaldo en la Constitución. En su análisis, el Máximo Tribunal concluyó que la exigencia generaba una distinción injustificada y restringía el acceso a un empleo público sin base constitucional suficiente. La SCJN fue clara: solo la Constitución y las leyes emitidas por el Congreso de la Unión pueden reservar determinados cargos exclusivamente a mexicanos por nacimiento. Si esa reserva no está expresamente prevista, los estados no pueden incorporarla por cuenta propia. Con la resolución, el escenario cambia de manera directa. A partir de ahora, para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Durango ya no será obligatorio ser mexicano por nacimiento ni carecer de otra nacionalidad. El único requisito en materia de nacionalidad será ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, además de cumplir con las demás condiciones legales y profesionales previstas para el cargo. Esto significa que personas mexicanas por naturalización y ciudadanos con doble nacionalidad podrán aspirar formalmente al puesto, siempre que acrediten los demás requisitos técnicos y de experiencia. La Auditoría Superior es el órgano técnico especializado encargado de revisar la cuenta pública, fiscalizar el uso de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades en el manejo del presupuesto estatal. A través de sus informes y observaciones, puede promover responsabilidades administrativas e incluso dar vista a otras instancias cuando advierte posibles hechos de corrupción o daño patrimonial. Se trata, por tanto, de una posición estratégica dentro del sistema democrático, ya que actúa como uno de los principales mecanismos de control y rendición de cuentas frente al poder público. Precisamente por la relevancia del cargo, la Suprema Corte subrayó que cualquier requisito o restricción para acceder a esta función debe estar expresamente previsto en la Constitución y responder a un fin legítimo. No basta con imponer condiciones adicionales mediante leyes secundarias si estas no tienen sustento constitucional claro. De lo contrario, se corre el riesgo de introducir barreras arbitrarias que excluyan a personas sin justificación razonable.