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Las cosas para el multimillonario Elon Musk no pitan del todo bien en sus negocios, ahora, el dueño de Tesla está de nuevo en la mira de la mala prensa en todo México, en esta oportunidad no se trata de los posteos a favor de los dichos de Donald Trump contra México y sus derivadas peleas con Carlos Slim, pero sí tiene mucho que ver con sus millonarios negocios y una nueva compra valorada en uno 100 millones de dólares.

De acuerdo a medios como El Imparcial y La Jornada, el multimillonario y dueño de Tesla, Paypal y X, Elon Musk, compró un terreno de 1.194 hectáreas en Santa Catarina, Nuevo León, las cuales, según la fuente, se encuentran en medio de un litigio de más de dos décadas.

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Para que tengas una idea de monstruoso terrero, en las 1.191 hectáreas, se podrían construir hasta 187 estadios aztecas. Elon Musk pretende edificar en este lugar de México, una Gigafactory.

Denuncian fraude ante la compra de Elon Musk de los terrenos en México

Elon Musk enfrenta un nuevo obstáculo en su expansión en América Latina. La compra de las 1.194 hectáreas en Santa Catalina, Nuevo León, destinadas a la construcción de su Gigafactory de Tesla, fue denunciada como fraudulenta por presuntos dueños legítimos de las tierras.

De acuerdo a la fuente, la familia de María de los Ángeles Pérez, quien sería la legítima dueña, asegura que esos terrenos han pertenecido a su familia por generaciones y que la venta se concretó mediante documentos falsificados.

Elon Musk podría ver lejano su sueño de construir la Gigafactory

Si el litigio prospera en contra del hombre más rico del mundo, la construcción de la Gigafactory podría quedar suspendida indefinidamente. Entre tanto, Elon Musk no solo enfrenta la posibilidad de perder la inversión realizada en la compra de los terrenos, sino también, debe atenerse a los retrasos millonarios en la expansión de Tesla en México, lo que se suma a su actual riña con Carlos Slim y Starlink.

El caso que pone contra las cuerdas a Elon Musk y su idea expansionista, expone una presunta red de corrupción en el Instituto Registral y Catastral, lo que podría generar un escándalo político y legal de dimensiones inusitadas en México.

Si se comprueba que los documentos fueron alterados, podría implicar a funcionarios locales y provocar una crisis institucional muy frente a la que Claudia Sheibaum, actual presidenta de México, debería hacerle frente desde lo nacional.