Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, acaba de dar un giro de 180 grados a la violencia dentro del transporte público en la CDMX. “Las penas agravadas para el robo cometido con violencia y en transporte público son proporcionales”, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el Código Penal del Estado de México. La decisión refuerza la posibilidad de imponer castigos más severos a quienes cometan este delito. El Pleno de la Suprema Corte sostuvo que estas agravantes no solo sancionan la afectación al patrimonio de las víctimas, sino también las circunstancias en que ocurre el robo. “Se consideran factores como el uso de violencia física o moral y el hecho de que ocurra en transporte público”, explicó la Suprema Corte. Por otra parte, las ministras y ministros subrayaron que estos delitos generan impactos más amplios. “Pueden provocar afectaciones psicológicas en las víctimas y un mayor clima de inseguridad”, por lo que establecer sanciones más altas resulta razonable para enfrentar el fenómeno delictivo. El Pleno de la Suprema Corte analizó diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y concluyó que las agravantes contempladas en el artículo 290, fracciones I y XVIII, cumplen con el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución mexicana. La Suprema Corte consideró que estos elementos aumentan la gravedad del delito, ya que no solo afectan el patrimonio de las personas, sino también su integridad emocional y la seguridad colectiva en espacios públicos cotidianos. El tribunal también explicó que el robo en transporte público es un fenómeno con alta incidencia, especialmente en zonas metropolitanas, donde millones de personas dependen diariamente de este servicio para desplazarse. Según el análisis del Pleno, las sanciones más severas buscan responder a una realidad social donde estos delitos generan temor constante entre usuarios y afectan la confianza en los sistemas de transporte. La resolución de la SJCN se dio al resolver el Amparo Directo en Revisión 2877/2025, discutido y votado por el Pleno de la Suprema Corte durante su sesión del 11 de marzo de 2026.