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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió formalmente al Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución en materia del Poder Judicial, una medida que promete transformar el funcionamiento de jueces, magistrados y tribunales en todo el país.
El documento, remitido por la Secretaría de Gobernación a la Comisión Permanente del Congreso, plantea nuevos cambios constitucionales enfocados en modernizar la impartición de justicia, reducir privilegios, agilizar procedimientos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. La propuesta fue enviada con firma autógrafa de la mandataria federal el 19 de mayo de 2026.
Reforma judicial busca una justicia más rápida y cercana a la gente
De acuerdo con el oficio enviado al Congreso, la iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno federal para consolidar un Poder Judicial más eficiente, transparente y con mayores mecanismos de rendición de cuentas.
La administración de Sheinbaum considera que uno de los principales reclamos ciudadanos es la lentitud de los procesos judiciales y la percepción de corrupción dentro de algunos tribunales.
Con esta nueva reforma, el Gobierno busca fortalecer la confianza pública en la justicia mexicana, evitando prácticas burocráticas y promoviendo un sistema más accesible para la población. La intención es que los ciudadanos puedan enfrentar procesos más claros, rápidos y menos costosos, especialmente en casos relacionados con derechos sociales, seguridad y combate a la corrupción.
Congreso analizará cambios que podrían redefinir a jueces y magistrados
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su análisis legislativo. En el documento también se menciona que la propuesta cuenta con anexos técnicos y dictámenes presupuestarios elaborados por distintas áreas del Ejecutivo federal, lo que anticipa una discusión de alto impacto político y jurídico en las próximas semanas.
El Gobierno de Sheinbaum sostiene que esta reforma permitirá consolidar un nuevo modelo judicial con mayor vigilancia institucional y mejores herramientas para combatir abusos de poder dentro del sistema de justicia.
Por otro lado, la propuesta del Ejecutivo pretende garantizar que las resoluciones judiciales respondan más al interés público y a los derechos de la ciudadanía que a intereses particulares o estructuras internas de privilegio.