El 24 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación válido que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede cancelar marcas que él mismo registró, si se demuestra que lo hizo por error. De esta manera, no importa cuánto tiempo lleves operando con ese nombre; si el organismo público se equivocó, tiene derecho a quitártela. El eje del fallo está en el artículo 258, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Este precepto establece que un registro de marca puede declararse nulo si fue emitido por “error, inadvertencia o diferencia de apreciación” por parte de la autoridad. Lo que estaba en debate no era si eso era justo o no, sino si esos tres términos — vagos, sin definición expresa — violaban la seguridad jurídica de los titulares de marcas. La respuesta fue clara: no la violan. Los ministros argumentaron que el significado de esos conceptos puede construirse a partir del propio marco normativo y, sobre todo, que se define caso por caso dentro del procedimiento administrativo. En otras palabras, la Suprema Corte concedió a IMPI una herramienta de corrección amplia, con márgenes de interpretación considerables. Para los empresarios, eso significa que la estabilidad de su registro ya no depende solo de haberlo obtenido conforme a derecho, sino de que la autoridad no haya cometido ningún error en el proceso de evaluación. Durante años, obtener el registro de una marca ante el IMPI fue considerado un método de protección. La lógica era simple: si la autoridad competente la aprobó, esa aprobación genera derechos firmes. El nuevo precedente rompe con esa certeza de raíz. Lo que cambió no es la ley en sí — el artículo 258 ya existía — sino el peso institucional que ahora tiene. Al ser avalado por el Pleno de la Suprema Corte, el precepto adquiere una fuerza vinculante que antes no tenía con la misma claridad. Cualquier competidor que considere que tu marca fue otorgada por error puede ahora iniciar un procedimiento de nulidad con respaldo constitucional explícito. El impacto es especialmente sensible para marcas que compiten en sectores saturados — alimentos, moda, tecnología, servicios financieros — donde la similitud entre nombres, logos y categorías es frecuente y donde los errores de apreciación del IMPI fueron históricamente más comunes. Para esos titulares, revisar la solidez jurídica de su registro dejó de ser opcional. La nulidad no opera de forma automática ni caprichosa — ese fue uno de los puntos que la Suprema Corte se encargó de subrayar-. Para que un registro de marca sea cancelado bajo esta figura, debe seguirse un procedimiento formal con todas las garantías procesales. El proceso incluye la notificación oficial, la apertura de un periodo probatorio en el que el afectado puede presentar sus argumentos y evidencias, y la emisión de una resolución fundada y motivada por parte de la autoridad. Ningún registro puede anularse sin que su dueño haya tenido oportunidad real de defenderse. Sin embargo, lo que la Suprema Corte no acotó con precisión es el plazo dentro del cual puede iniciarse este tipo de procedimiento, ni quién específicamente tiene legitimidad para promoverlo. El fallo no significa que todas las marcas registradas en México estén en peligro inmediato. Significa que aquellas con un historial de registro irregular, obtenidas en categorías confusas, o que enfrentan oposición de competidores con argumentos sólidos, tienen hoy una exposición legal que antes estaba menos definida. Los especialistas recomiendan, como primer paso, revisar el expediente de registro ante el IMPI para identificar si hubo observaciones, errores de clasificación o inconsistencias en el proceso original.