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La Ciudad de México da un paso decisivo en la regulación de la movilidad eléctrica. A partir del 1 de julio de 2026, los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) que circulen en la capital, incluyendo scooters y bicicletas eléctricas, deberán contar con placas de circulación.

El anuncio lo realizó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, tras la presentación del nuevo Reglamento de Tránsito y el Reglamento de la Ley de Movilidad encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

La medida se desprende de las reformas a la Ley de Movilidad aprobadas en agosto del año pasado, que establecieron un marco regulatorio específico para este tipo de vehículos de baja velocidad.

Desde el 1 de julio todas las biciletas eléctricas deberán salir del punto de venta ya emplacados.

Qué vehículos deberán portar placas desde julio

Los VEMEPE se definen como aquellos que cuentan con acelerador independiente, tienen dos o más ruedas y alcanzan velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora.

El nuevo reglamento establece plazos diferenciados según el origen del vehículo. Todos los VEMEPE nuevos que se comercialicen en la ciudad a partir del 1 de julio deberán salir del punto de venta ya emplacados, obligación que recae directamente sobre las empresas vendedoras.

Para los vehículos que ya circulan en la capital, el plazo para regularizarse se extiende desde el 1 de julio hasta el 20 de noviembre de 2026.

Cuáles son las sanciones para quienes circulen sin las placas correspondientes

Las sanciones, sin embargo, no comenzarán de forma inmediata. Será a partir del 1 de septiembre cuando las autoridades empiecen a multar a los propietarios que, habiendo obtenido sus placas, sean detectados sin portarlas correctamente.

Desde el 1 de julio todos los vehículos que superen los 25 kilómetros por hora con acelerador independiente deberán llevar placa. Freepik

Este período de gracia busca dar margen suficiente para que los usuarios se adapten al nuevo esquema sin ser penalizados durante la transición.

El crecimiento acelerado del uso de scooters y bicicletas eléctricas en la ciudad hizo evidente la necesidad de un marco normativo claro. La ausencia de registro dificultaba la identificación de estos vehículos en caso de accidentes, infracciones o robo, generando un vacío legal que el nuevo reglamento busca cerrar.