El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.
Así lo anuncio el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será “de inmediato”.
Allí, el republicano aseguró que resolvió la suba tras una revisión “exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana” decisión tomada por la Corte.
“Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos y legalmente permisibles aranceles, que continuarán nuestro extraordinariamente exitoso proceso de hacer América grande de nuevo, ¡¡¡Más grande que nunca!!!“, aseveró.
El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.
También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.
Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.
Los nuevos aranceles que el republicano anunció serán introducidos a través de la ley comercial conocida como Sección 122, que le otorga al presidente poderes para imponer aranceles de forma relativamente rápida y sin necesidad de justificar una emergencia nacional, a diferencia de otras leyes que Trump venía usando.
La misma permite aplicar un arancel de hasta el 15% sobre todas las importaciones de manera global o selectiva, cuando existe un déficit comercial significativo o desequilibrios en la balanza de pagos.
La gran limitación es que esos aranceles tienen un techo de 150 días de vigencia. Si el presidente quiere extenderlos más allá de ese plazo, necesita la aprobación del Congreso, algo que no estaba requerido con la ley de emergencia económica (IEEPA) que la Corte acaba de anular.