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El Congreso de Perú eligió al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.
Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente le convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).
El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió así en el mandatario de mayor edad de la historia del país y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política. Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.
Perú: por qué destituyeron al presidente interino José Jerí
Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.
Jerí ejercía de manera interina la presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.
El grupo de partidos conservadores que controlan el Congreso, y que inicialmente respaldaron la llegada al poder de Jerí, le retiraron su apoyo a pocas semanas de las elecciones para distanciarse de la pérdida de popularidad del gobernante ante las revelaciones de las últimas semanas que motivaron que la Fiscalía lo investigue por tráfico de influencias.
Cómo se definió la elección del nuevo presidente de Perú
El izquierdista Balcázar, abogado de profesión, dio la sorpresa en una votación que tenía cuatro candidatos y donde la favorita era la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido derechista Acción Popular, a la que se impuso gracias al apoyo de la izquierda y de varios grupos de partido de derecha que rechazaban que Alva fuese presidenta.
En la primera vuelta, Balcázar logró 46 votos frente a los 43 de Alva, los 13 del derechista Héctor Acuña y los siete del izquierdista Édgar Reymundo. La sorpresa fue mayor cuando en la segunda vuelta el izquierdista obtuvo 64 votos contra los 46 de Alva, lo que le hizo quedarse con el sillón presidencial vacante.
En los días previos a esta votación, Balcázar ha llegado a anticipar que estaría dispuesto a indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado protagonizado en 2022 para evitar una destitución por parte del Congreso.
Cuáles son las polémicas que rodean a Balcázar, nuevo presidente de Perú
Al igual que su predecesor, el nuevo gobernante de Perú acumula una serie de polémicas y cuestionamientos, pues si bien llegó a integrar la Corte Suprema de Justicia de Perú, fue expulsado de la magistratura por cambiar una sentencia ya firme, entre otras irregularidades.
Asimismo, protagonizó una gran polémica al defender los matrimonios infantiles y oponerse a un proyecto de ley que buscaba prohibir este tipo de enlaces.
Balcázar también registra investigaciones por presunto tráfico de influencias y fue expulsado de manera definitiva por el Colegio de Abogados de la región norteña de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos cuando fue su decano.
Además de este caso, en abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó, como presunto responsable de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en una denuncia constitucional presentada contra la ex fiscal general Patricia Benavides por un supuesto caso de corrupción.