Durante más de un siglo y medio, la regla fue simple: si tu padre o tu madre era ciudadano italiano, vos también lo eras. Ese principio fundacional del Estado italiano, conocido como ius sanguinis, acaba de recibir un golpe casi definitivo.
El jueves pasado, el Tribunal Constitucional italiano anticipó que fallará a favor del gobierno y de la controvertida ley del 2025 que restringió la ciudadanía para quienes nacieron en el exterior.
El fallo sacude a millones de personas en todo el mundo que tenían la esperanza de recuperar el pasaporte europeo de sus abuelos o bisabuelos.
La nueva norma, impuesta mediante decreto de emergencia el 28 de marzo del año pasado, establece que solo quienes tengan un padre o un abuelo nacido en Italia serán reconocidos como ciudadanos. Esto significa que los descendientes de tercera generación en adelante quedan directamente excluidos.
Además, esa figura paterna o materna debió haber mantenido exclusivamente la ciudadanía italiana al momento del nacimiento de su hijo o hija — una condición que elimina a quienes naturalizaron en otro país.
El impacto es particularmente sensible en América Latina, y muy especialmente en Argentina. Entre 2014 y 2024, la cantidad de ciudadanos italianos residentes en el exterior creció de 4,6 millones a 6,4 millones, según el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano.
Solo los consulados italianos en Argentina procesaron 30.000 solicitudes en 2024, un aumento de 10.000 respecto al año anterior. La demanda venía en auge, y la ley llegó a cortarla de raíz.
El proceso de obtención de la ciudadanía nunca fue sencillo ni barato. Para ser reconocidos, los descendientes debían conseguir actas de nacimiento, matrimonio y defunción de sus ancestros en los pueblos de origen — un trámite que puede llevar años y costar hasta 300 euros por documento —, demostrar que nadie en su línea familiar perdió la ciudadanía y luego conseguir un turno consular, con listas de espera que en algunos casos se extendían hasta diez años. A eso se sumaba que contratar abogados para acelerar el proceso podía costar decenas de miles de euros.
Hay una injusticia histórica adicional que también quedó enterrada con este fallo: las mujeres no podían transmitir la ciudadanía hasta 1948, lo que bloqueaba a los descendientes de italianas que dieron a luz antes de esa fecha. Desde 2009, muchos habían logrado demandar al Estado por discriminación de género — si podían costear el proceso. Esa puerta también se cerró.
El contraste con la situación demográfica interna de Italia hace todavía más llamativa la decisión. En 2024, un número récord de italianos emigró del país, y más de medio millón de residentes se fue entre 2020 y 2024. La mayoría de los emigrantes salió desde Sicilia, la misma región que venía intentando atraer de vuelta a descendientes italoargentinos para hacer frente a la despoblación — incluyendo un proyecto para traer médicos argentinos a hospitales locales que hoy ya no será posible replicar bajo las nuevas restricciones.
Para quienes aún abrigan esperanzas, el camino más viable podría pasar por Bruselas antes que por Roma. Entrevistado por la CNN, el profesor Corrado Caruso, uno de los abogados que presentó argumentos contra la ley, señaló que la última esperanza de los descendientes podría estar en los tribunales de la Unión Europea, y aconsejó a quienes ya tienen causas abiertas solicitar que sus jueces remitan el caso a Luxemburgo
El fallo del Constitucional no es apelable dentro de Italia, pero la historia legal de este asunto dista de estar cerrada. Por ahora, millones de personas que soñaban con el pasaporte borgoña deberán esperar — o resignarse.