A nadie escapa que, en materia de riesgos de trabajo estamos, desde septiembre de 2004, en una situación muy compleja. Es que a raíz de tres fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Castillo, Aquino y Milone) el sistema ha entrado en una profunda crisis, ya que esas decisiones atacaron el sustento constitucional de la ley vigente (LRT 24.557), que hoy se encuentra virtualmente derogada. Así, en la actualidad no hay un sistema de riesgos de trabajo entendido como un mecanismo jurídico organizado, sino sólo restos de una ley y distintos criterios de interpretación que varían de provincia en provincia y de tribunal en tribunal. A eso se suma la injustificada demora del Gobierno en impulsar una nueva ley que corrija los defectos de la anterior y preserve las virtudes del sistema.

¿Quiénes son los beneficiados por esta virtual derogación? Las opiniones están enfrentadas. Mientras el sector empresarial sostiene que los únicos beneficiados son los sectores vinculados con las cuestiones litigiosas (que traducido al lenguaje leguleyo no son otros que los laboralistas parte actora), desde la vereda opuesta, la CGT y el movimiento obrero organizado opina que las diversas declaraciones de inconstitucionalidad de la ley de Riesgos del Trabajo (LRT) benefician tanto a los trabajadores, a quienes la ley les niega derechos, como a las empresas, ya que esta situación posibilita la sanción de una norma que brinde seguridad jurídica a todos.

Frente a esto, diversos sectores se abocaron a la elaboración de un proyecto de ley para sanear la situación. De ahí que existan numerosos proyectos presentados. Uno de ellos, el del diputado Héctor Recalde (Frente por la Victoria, provincia de Buenos Aires), que según él mismo informara a El Cronista, fue elaborado en forma colectiva, interdisciplinaria e intersectorial en la sede de la CGT (se puede consultar en www.diputados.gov.ar, sección Proyectos, expediente 0215-D-2006).

Aunque también el Gobierno encaró un proyecto de reforma que aún tiene carácter de anteproyecto y que ha tenido una circulación restringida pero que, según muchos, tiene chances de ser finalmente sancionado.

Obviamente, los dos proyectos tienen tenaces defensores y acérrimos detractores. En cuanto al primero de ellos, Recalde señala como puntos más importantes del suyo la participación de los trabajadores en los Comités Mixtos de Prevención, la reformulación de las Comisiones Médicas, la eliminación de costas de las empresas que, sometidas a juicio, son liberadas de condena y la eliminación de listados taxativos de enfermedades. “De esta manera lograremos una debida adecuación de la ley a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales, obteniendo seguridad jurídica y previsibilidad para todos , indica.

Entre quienes no miran con buenos ojos el proyecto, Martín Zapiola Guerrico, fundador del estudio homónimo, destaca que el de Recalde es un proyecto sectorial que representa la posición del sindicalismo y por lo tanto resulta inapropiado para regular las necesidades de un sistema complejo y multisectorial como es el de Riesgos del Trabajo. Deja bien asentada su posición: “Creo que le corresponde al Poder Ejecutivo, con las debidas consultas a los sectores involucrados, diseñar la norma que regirá el sistema de aquí en más .

Daniel Funes de Rioja, socio fundador del estudio homónimo, plantea que la crítica central es que posibilita que el trabajador efectúe un segundo reclamo luego de haber cobrado todos los importes de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), permitiendo así la acumulación de ambas acciones. De este modo abre la puerta a una litigiosidad irrestricta y tornan incalculable el costo laboral. “Por eso no es ni lógico jurídicamente ni asegurable económicamente , indica. En un todo de acuerdo, Zapiola Guerrico agrega que, teniendo en cuenta que el sistema atiende anualmente más de 400.000 siniestros laborales de distinta entidad, se podría llegar a iniciar igual cantidad de procesos laborales adicionales, sin costo ni riesgo alguno para el trabajador y su abogado. Y desde la Unión Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) su gerente general Mara Bettiol agrega otra contra: el proyecto resulta intarifable. “No es posible establecer una alícuota que lo financie sobre la base de las técnicas del seguro normalmente utilizadas , informa.

En cuanto al anteproyecto del Ministerio de Trabajo, Bettiol asegura que, dentro del marco fijado por la CSJN a través de los fallos Castillo, Aquino y Milone, éste restauraría el equilibrio perdido, por medio de reglas de certidumbre para empleadores, trabajadores, aseguradoras y el propio Estado. Zapiola Guerrico hace hincapié en que el anteproyecto permite al trabajador optar en forma excluyente entre cobrar la indemnización que le ofrece el sistema o iniciar un juicio reclamando una indemnización mayor.

Claro que en ambos casos la ART aporta la prestación a su cargo oportunamente contratada por el empleador. “Teniendo en cuenta que las prestaciones dinerarias previstas son similares a las que otorgan los tribunales y se cobran muy rápido, entiendo que la opción de los trabajadores por iniciar un juicio con riesgo de perderlo y no cobrar, sólo se producirá en porcentajes marginales , señala.

Pero no todo son rosas para este anteproyecto. Y lo mismo que algunos aprueban, otros critican. Ricardo Foglia, socio de Rossi Camilión & Asociados, advierte dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, opina que es una norma sumamente compleja. “Si la Ley 24.557 con 50 artículos dio lugar a un sinfín de normas reglamentarias, imagínese lo que puede suceder con el doble de artículos , refiere. Por otra parte, y punto fundamental en su crítica, reprocha que, para salvar los pronunciamientos de inconstitucionalidad, el anteproyecto prevea la conocida “fórmula Vuotto para calcular la indemnización. Sostiene que de esta manera se incrementan las indemnizaciones de una manera exponencial. “¿Qué pasará el día de mañana? , se pregunta además ante la posibilidad de que este tope indemnizatorio establecido por el anteproyecto funcione como un piso frente a eventuales indemnizaciones que el trabajador reclame por la acción civil.

También señala que como todos los ingresos del sistema provienen de un solo lugar -las alícuotas-, resulta primordial decidir cómo distribuir ese ingreso. El anteproyecto del Gobierno definitivamente destina un porcentaje mayor a las indemnizaciones y uno menor a la prevención y a las prestaciones médicas. Para Foglia, sin embargo, lo lógico sería justamente lo contrario: poner énfasis en la prevención, luego en las prestaciones médicas y por último en las indemnizaciones. “Porque para el trabajador lo más importante es que el siniestro no ocurra. Ahora, si ocurre, lo mejor es que se le brinden las prestaciones médicas curativas y restitutivas lo antes posible. Y que se le otorgue un sustituto salarial. Sólo ahí, al final del camino, vienen las indemnizaciones , enfatiza.

Ahora bien, todos los consultados admitieron que la prevención es fundamental para evitar los accidentes aunque confiesan saber que concientizar a la sociedad implica un cambio cultural muy profundo. Por eso insisten en que este tema debe ser incluido en la nueva legislación, sin mayor debate. Pero en lo que parecieran no coincidir es en la responsabilidad que, en cuanto a prevención, le cabe a cada uno de los actores involucrados.

Así, para Recalde ésta debe estar a cargo del sector empresario, siendo las aseguradoras responsables solidarias en razón del deber que sobre ellas pesa de controlar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y prevención. “Obviamente debe posibilitarse a los trabajadores la participación en materia de control y gestión de la prevención, sin dejar de mencionar las facultades de control del Estado , remata.

En cambio, Foglia disiente absolutamente: para que una aseguradora pueda ser considerada como responsable solidaria tendría que tener funciones de policía de trabajo. “Tendría que tener facultades para clausurar establecimientos, para impedir su funcionamiento o para clausurar sectores, cosa que no sucede y tampoco sería bueno que suceda , explica. Para él, el responsable primario de la seguridad y la salud pública (que de esto se trata) es el Estado, quien tiene una función indelegable. Y el empleador es quien tiene que cumplir con las normas de seguridad e higiene, mientras que sobre el resto de los participantes pesa la obligación de denunciar y poner en evidencia los incumplimientos.

Pero, realista, reconoce que el Estado no se encuentra en condiciones de realizar esta función de control. Por eso, propone el establecimiento de auditorías de seguridad independientes del empleador, del sindicato, del Estado y de las ARTs, que califiquen y determinen el grado de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de las empresas. Y en cuanto a los sistemas para favorecer la prevención, reconoce que el mecanismo más ineficaz es la sanción. Por eso propone establecer una prima en función de la siniestralidad y otorgarle beneficios Impositivos a quienes inviertan en prevención. “De esta manera lo que la empresa gaste lo considerará una inversión , advierte.

Ahora bien, ¿alguno de estos proyectos será finalmente aprobado? Para Zapiola Guerrico el proyecto de Recalde es más una herramienta de negociación del sindicalismo que un proyecto que aspire a convertirse en ley. En cuanto al anteproyecto del Gobierno, ha quedado demostrado que el Poder Ejecutivo no le da al tema la importancia que merece. Porque si bien desde el Ministerio de Trabajo se trabajó a buen ritmo, el Ejecutivo ha postergado en dos oportunidades su presentación al Congreso por razones electorales. A mediados del 2005 sacó el tema de su agenda por las elecciones legislativas y ahora lo ha vuelto a hacer (luego de prometer una y otra vez que era inminente la presentación parlamentaria) invocando las elecciones presidenciales del 2007. “Pareciera que para los gobernantes argentinos es siempre más importante ser reelegido que gobernar , dispara Zapiola Guerrico.

Consultado al respecto, Recalde, presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, indicó que ellos priorizan los consensos en la idea de que en caso todos los casos, es preferible demorar un poco más pero posibilitar los acuerdos entre las partes. “El general Perón solía decir que entre el tiempo y la sangre, optaba por el tiempo , grafica, resaltando que las complejidades del tema y su importancia son las que pueden generar demorar su aprobación. Todos coinciden en la necesidad imperiosa de contar con una legislación en la materia. Y ninguno sabe cuándo será finalmente sancionada.