El Grupo Telefónica, controlante de Telefónica de Argentina, y Telecom Italia, mayor accionista individual de Telecom Argentina, pusieron un freno momentáneo a sus respectivas demandas contra el Estado argentino en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, cuya función es resolver los conflictos entre las empresas y los países producto de supuestos incumplimientos en los acuerdos bilaterales de inversión.

La Argentina, que es el país que más denuncias en su contra tiene, suma 29 presentaciones ya oficializadas. La última fue la de France Telecom –que aún posee menos del 2% de Telecom– que, aunque fue cursada a mediados de 2003, tomó estado público el 26 de agosto, cuando venció el plazo de conciliación pública reglamentario y se le asignó un número de causa.

Fuentes españolas cercanas al grupo Telefónica señalaron que el trámite frente al Ciadi fue “ralentizado hasta octubre para no empeorar la complicada relación que el Gobierno argentino y el FMI mantenían en julio (cuando se cerró el acuerdo) . El parate fue acordado de palabra a mitad de año por un plazo de 90 días entre los directivos del grupo español y funcionarios cercanos al presidente Néstor Kirchner.

La denuncia de los accionistas de Telefónica fue una de las primeras que llegaron al Ciadi, el 21 de julio de 2003. El grupo Telefónica considera que la Ley de Emergencia Económica, la pesificación y posterior congelamiento de tarifas, perjudicaron los intereses de la compañía. La empresa contabilizó hasta ahora un impacto negativo en sus cuentas de 3.300 millones de euros (u$s 3.960 millones al cambio de ayer) por la crisis argentina.

Pocos meses después Telecom Italia –dueña del 50% de Nortel Inversora, que controla el 54,7% de la empresa de telecomunicaciones local–, selló en la mesa de entradas del organismo internacional su reclamo en forma de advertencia, una figura legal que apuesta a que las partes se entiendan por voluntad propia, sin necesidad llegar a la denuncia penal. El grupo italiano habría ahora llegado a un acuerdo similar al de su rival español para no generar rencores oficiales en un negocio donde no conviene que otras empresas ganen la simpatía de un Gobierno inquieto.

En julio, las relaciones entre el Gobierno y el FMI estaban en un impasse hostil. Entre otras cosas, el organismo reclamaba una vía de solución a los contratos de las empresas privatizadas. El Gobierno entonces firmó una primera acta de transición con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez, que frenó su demanda ante el Ciadi. A este acuerdo le siguió un pacto similar con Telefónica y Telecom. Este documento, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, mantiene congeladas las tarifas y establece que, a partir de enero, se debía firmar un acuerdo de renegociación definitivo.

En el sector consideran que las empresas fijaron octubre como plazo para retomar sus demandas ante el Ciadi para presionar por una rápida definición de la discusión tarifaria, que tendría que estar resuelta en diciembre. Un empresario consultado fue aún más lejos: “Incluso si se llegaran a aggiornar las tarifas, las denuncias ante el Ciadi seguirían en pie .

A pesar de que la fecha en que finaliza el acuerdo de palabra entre las empresas y el Gobierno por las demandas coincide con el momento en que ambas partes deberían comenzar a discutir los nuevos contratos, desde las empresas insisten en que las dos negociaciones son independientes. “Los accionistas hicieron sus presentaciones ante el Ciadi pero la puja por las tarifas está en mano de las filiales , sostienen.

Moreno y su as en la manga

Más allá de cómo se resuelvan las negociaciones, las empresas apuestan a que suban las tarifas. Sin embargo, el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, ya mostró el as que escondía en su manga: un minucioso esquema de costos telefónicos. Así, analizará la rentabilidad de las firmas y pondrá sus conclusiones sobre la mesa antes de cerrar la discusión tarifaria. Es más, el secretario ya había amenazado: “Vamos a hablar de tarifas, pero no sabemos es si para arriba o para abajo .