Las políticas de prevención constituyen actividades de concientización que buscan brindar herramientas que le permitan a las personas mejorar sus decisiones sobre temas de interés personal, pero con alcance comunitario: educación, salud, justicia, entre otros. Permiten también una asignación más eficiente de los recursos presupuestarios, ya que tienen como objetivo básico generar una sociedad consciente y adelantarse a un daño futuro. Trabajar en estas acciones generará un desarrollo social sustentable.
En teoría todo suena bien y fácil, pero entonces ¿por qué es tan difícil en nuestro país implementar verdaderas políticas públicas de prevención que se vean reflejadas en la realidad y en hechos concretos?
Lo importante es impulsar iniciativas que aborden las diferentes problemáticas de forma inclusiva y creativa. Tomemos el caso de la prevención de alcoholismo en menores en la Ciudad de Buenos Aires.
El consumo abusivo de alcohol se propagó como una epidemia que causa gran número de víctimas fatales y discapacidades por su ingesta y por accidentes de tránsito. Los efectos nocivos a la salud pública son difíciles de mensurar porque el fenómeno crece constantemente.
Las políticas del Estado desde la Ciudad de Buenos Aires incluyen la regulación de la venta en horarios nocturnos y boliches, el control de alcoholemia, la erradicación de la entrega ilegal a domicilio, programas de prevención apuntados a jóvenes como “conductor responsable , además de campañas de concientización desde el ministerio de Educación y el de Desarrollo Social.
Sin embargo, cuando un inspector municipal constata la violación a la Ley 24.788 de “Lucha contra el Alcoholismo debería informar dicha circunstancia a sus superiores, quienes a su vez tendrían que formular la denuncia penal correspondiente ante la fiscalía de turno. Va de suyo que tal proceder tiene que ser impuesto a los inspectores por vía de instrucciones funcionales muy precisas, de modo tal que no dependa de la iniciativa personal de cada uno dejar o no constancia del hecho ilícito cometido.
El procedimiento es tan engorroso que termina significado el incumplimiento de una Ley Nacional de gran importancia por la falta de controles por parte de la Policía Federal, dependiente del Gobierno Nacional y nunca transferida a la Ciudad.
Es por ello que presenté un proyecto instando al Poder Ejecutivo Nacional a que en el próximo convenio de transferencias progresivas de competencias penales del Poder Judicial de la Nación al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incluyan los delitos establecidos en la Ley 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo.
Dichos delitos van desde la prohibición de la venta a menores de 18 años, el consumo en vía pública, hasta el consumo en eventos de concurrencia masiva sean deportivos, culturales, artísticos o educativos.
No transferirlas no sólo significa una indebida restricción a la autonomía jurisdiccional sino una incoherencia en la sanción de las conductas relacionadas con el alcohol. Para llevar esta iniciativa adelante es vital que el Gobierno Nacional deje de lado las actitudes mezquinas teñidas de colores políticos y reflexione sobre el bienestar de nuestros jóvenes.
Confío en que trabajar en el desarrollo e implementación de políticas de promoción es brindarles a los argentinos herramientas para que puedan auto gestionar sus necesidades en estas áreas. Creemos que el trabajo proactivo en campañas formativas y de concientización contribuirá a generar una sociedad más madura con una mayor calidad de vida.
