La segunda mitad del año 2005 inauguró una nueva etapa de la relación del Gobierno con los mercados financieros. Por primera vez desde la traumática cesación de pagos y la durísima reestructuración de la deuda, la República deberá emitir deuda voluntaria de manera sistemática. Aunque anticipado y ciertamente nada traumático, el nuevo escenario forzará un quiebre en la comunicación (las formas) y el tipo de relación (el fondo) del equipo económico con los mercados financieros. Comencemos con una obviedad. Aunque no conviene generalizar, la relación del Gobierno, y del equipo económico en particular, con la comunidad financiera no ha sido óptima. Está claro que una reestructuración como la que el Gobierno planteó –contrariando viejas prácticas establecidas en los mercados de deuda, aplicando un modelo de reestructuración alejado de los auspicios del FMI y privilegiando la sustentabilidad sobre la reputación fiscal– dejó muchos heridos en el camino. Afortunadamente, los mercados financieros están suficientemente atomizados como para que las cuestiones personales influyan en los precios y –más importante aún– suelen ser forward looking. Esto es, cuando no hay escenarios de stress a la vista –momentos en los cuales la reputación sí alcanza una influencia sustancial en las decisiones– los mercados prefieren enfocarse en una teórica capacidad de pago como forma eficiente de evaluar el riesgo. La Argentina tiene en este plano ciertas ventajas que le otorgan flexibilidad pero que no deberían ser sobreestimadas. Utilizando las proyecciones fiscales del proyecto de ley de Presupuesto 2006, incluyendo la hipótesis de acuerdo con el FMI, la Argentina necesitará emitir deuda el próximo año por algo menos de u$s 4.000 millones. Una cifra similar a la que se planea emitir este año y equivalente a las necesidades de emisión de deuda que proyectamos para 2007, siempre bajo la hipótesis de un nuevo acuerdo con el FMI. A priori, los números son suficientemente acotados y nos permiten conjeturar una tarea relajada para los responsables de la política de financiamiento, bajo ciertos supuestos. Con el objetivo de aportar al debate de políticas, mencionaré lo que considero son algunos aspectos que deberían considerarse en esta nueva etapa. Peleando contra estilos personales y sesgos ideológicos, el Gobierno y el equipo económico deben abandonar la fase confrontativa para pasar a una fase persuasiva en su relación con los mercados financieros. De nada sirve pretender que los mercados paguen más por algo que perciben (dado el set de información disponible) que vale menos. Lo que el Gobierno debe hacer, en lugar de reprender a los operadores que aún no confían lo suficiente, es convencerlos de las ventajas de comprar nueva deuda argentina. Esto exige, como primera condición, algo tan simple como mejorar la transparencia y el diseño del programa financiero. Se sabe que los mercados castigan la asimetría de información y la incertidumbre solicitando un premio adicional. De nada vale la opacidad de la información relativa a las necesidades de financiamiento, el colchón de liquidez y el cronograma (tentativo) de emisiones previstas de deuda. Una segunda condición consiste en reconocer y saber administrar las exigencias del mercado. Los economistas utilizamos la expresión disciplina de mercado para referirnos a los rigores (en teoría, benignos) que imponen los mercados a determinados agentes. Para el lector no especializado, diremos que la necesidad de someterse a la evaluación y monitoreo del mercado (como ocurre durante la colocación de nueva deuda voluntaria) genera los incentivos para que los países persigan políticas consistentes con la capacidad de repago de la nueva deuda emitida, bajo pena de pagar mayores tasas. Reconocer esta realidad no implica convalidar tasas en ascenso, pero sí exige políticas que fundamenten tasas en descenso. Si el Gobierno desea reducir el costo de fondeo deberá, inevitablemente, persuadir a los mercados de que el riesgo argentino es menor al que reflejan los precios y/o articular las políticas necesarias para mejorar esa percepción. Forzar colocaciones por debajo de la curva de rendimientos es un ejercicio estéril. La frustrada licitación del Boden 2015 sirve para ilustrar el punto. Un simple análisis de comparación de las curvas de rendimiento de Brasil y la Argentina en aquellos días indicaba que una tasa de mercado (aproximada según la curva de rendimientos) para ese instrumento estaría en el orden de 8.65-8.85% anual. El Gobierno no deseaba convalidar tasas superiores al 8.5% anual y así se lo comunicó a los operadores. El objetivo era loable, pero los resultados fueron decepcionantes. El mercado participó de la licitación con pocas ofertas y/o a tasas superiores a las pretendidas. Conviene trabajar sobre los fundamentos y también sobre la persuasión. El Gobierno tiene buenas chances de convencer a los analistas y operadores que conforman el etéreo mercado financiero de que la Argentina tiene un riesgo igual o menor al de Brasil. Para colocar deuda a menores tasas, las autoridades tendrán que desafiar los fantasmas de un pasado reciente de baja voluntad de repago con las armas que otorga una caja fiscal sólida. Un primer paso será mejorar la transparencia del programa financiero.