En la Provincia de Buenos Aires aumentaron más del 50% las causas iniciadas por juicios laborales del 2004 al 2008. Según los datos relevados por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en los 26 Tribunales de Trabajo bonaerenses se iniciaron del 2000 al 2008 un promedio de 804 causas por juzgado.

Esto deja al descubierto la judicialización de las ART y la desprotección del empresario Pyme frente a insólitas demandas laborales, por el tipo de dolencias que provocan el reclamo y por el irrisorio monto exigido.

En efecto, por una lumbalgia un trabajador sometió a juicio a una Pyme por $ 890.000 y por una tendinitis se presentó otra demanda por $ 1.090.000.

En la Argentina existen 120 mil pequeños y medianos empresarios. En territorio bonaerense existen 57 mil Pymes manufactureras y sólo en Berazategui, hay 680 Pymes, que ocupan a 14 mil trabajadores.

La comuna promulgó una ordenanza mediante la cual todas las empresas que se instalan en el partido tienen importantes beneficios. Con esto hemos logrado, -sector público y privado mancomunado- que se construyan seis parques industriales y dos se encuentren en vías de desarrollo; que 200 nuevas empresas se encuentren en lista de espera y que podamos afirmar con orgullo que es uno de los municipios del conurbano bonaerense con menos desocupación del país.

Sin embargo, el sector se encuentra amenazado y desamparado ante la ola de juicios provenientes de las ART. La legislación actual paraliza a los dueños de las Pymes a la hora de pensar en crear nuevos puestos de trabajo.

Para que las pequeñas y medianas empresas no dejen de ser las promotoras del 75% del empleo del país es fundamental contar con leyes laborales que respalden el esfuerzo de tantos argentinos que apuestan a la industria nacional.

En representación de tantas empresas que durante la nefasta década de los 90 desaparecieron y que a partir del proceso de reindustrialización que comenzó este Gobierno en el 2003 pudieron volver a tener esperanza y retomar el camino de la producción y el trabajo, solicitamos una pronta respuesta de los legisladores nacionales sobre la necesidad de flexibilizar la ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

Necesitamos un sistema de prevención y fiscalización. Que haya una ley laboral equitativa a través de un Sistema de Mutual, como se hace exitosamente en Chile y España. Este sistema permite que un empleado que sufre un accidente esté cubierto por una indemnización justa, y respaldado por un triunvirato de control que integran el empresario, el trabajador (a través del sindicato) y el Estado.

Es necesario, buscar una salida; por los trabajadores y los empresarios y para que la ley de ART sea justa para todos. La realidad muestra que las ART de hoy, se dedican a aumentar abusivamente las alícuotas, no inspeccionan, prestan un servicio deficiente y dejan a las Pymes en condiciones de desventaja laboral.

Pero también es hora de que la ley diferencie entre las grandes corporaciones de las pequeñas empresas, que son quienes tienen más dificultad para acceder al crédito y al financiamiento. Las grandes empresas toman trabajadores pero les preocupa relativamente qué pasa con su salud porque tienen solvencia económica para contratar costosos estudios jurídicos que soportan -con éxito- cualquier tipo de juicio laboral.

Exigimos que se respete el trabajo de quienes creemos que es posible construir un país con políticas fuertes y sólidas a largo plazo. Y exigimos que el Congreso de la Nación trabaje y vote una ley laboral flexible que incentive a los empresarios más chicos a reinvertir en el país y ayudar al proceso de desarrollo económico.