Los trabajadores que sufran accidentes laborales podrán cobrar el seguro de las ART o iniciar juicios civiles contra sus empleadores, pero no recurrir a ambas opciones, según el proyecto oficial para reformar el sistema de riesgos del trabajo que presentará el Gobierno al Congreso. Tal como anticipó ayer El Cronista, la administración de Néstor Kirchner espera remitir en los próximos días la iniciativa para su tratamiento en marzo, y comenzará por el Senado, donde el oficialismo ostenta mayoría absoluta, de modo de acotar el debate en la Cámara de Diputados. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que la tarea de pulir el borrador está a cargo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, autor del proyecto original. Según la versión oficial, lo más probable es que la semana próxima se envíe al Congreso el texto de la norma, cuya presentación estaba pendiente desde que a fines de 2004 el sistema entró en crisis por dos fallos de inconstitucionalidad dictados por la Corte Suprema. De acuerdo a la iniciativa, se atenderá el reclamo de los empresarios de limitar la posibilidad de acudir a la vía judicial al fijarse que sólo podrán hacerlo quienes expresamente renuncien al cobro del seguro. Y para desalentar los juicios, se elevarán las indemnizaciones tarifadas hasta prácticamente equipararlas a las que suelen fijar los magistrados, mediante la denominada “fórmula Vuotto que por lo general es utilizada en la jurisprudencia del fuero Civil. Si bien habrá una suba en el costo laboral, de este modo se evitará que los empresarios deban contratar una doble cobertura, como empezó a ocurrir tras los fallos de la Corte. Los otros puntos salientes del proyecto se mantuvieron casi intactos del borrador que presentó meses atrás Tomada y que fueron objetados por la Unión Industrial Argentina (UIA). Uno de los más polémicos es que se conformarán comités de seguridad e higiene dentro las empresas con la participación de delegados sindicales. El año pasado, desde el sector empleador se consideró que la integración mixta implicaría una virtual cogestión obrera. Sin embargo, para sostener este punto se tuvo en cuenta la legislación internacional coincidente. En tanto, se creará un órgano administrativo dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para centralizar las demandas laborales. De este modo se buscará generar un criterio unificado para que los jueces tengan como referencia a la hora de dictar sentencias. Sin embargo, esto no impedirá la dispersión en los fallos criticada por los empresarios, en particular en los juzgados del interior del país. Además, se mantendrá el listado de enfermedades laborales vigente en la actualidad y se incorporarán nuevas dolencias o tipos de accidentes. De acuerdo a los cálculos actuariales, el sistema nuevo representará para los empresarios 3,5% del total del costo laboral, lo mismo que se previó con la creación del régimen, en 1995. La cifra implica casi el doble de lo que costó en realidad el sistema durante sus diez años de vida, cuando osciló 2%, pero mucho menos que los montos indeterminados que implicó la apertura de la doble vía a partir de las resoluciones de la Corte. El régimen de ART cuenta en la actualidad con unos 5 millones de trabajadores cubiertos, distribuidos en 480.000 empresas. En promedio, cada mes se producen unos 35.000 accidentes laborales. Tire y afloja Desde que el sistema entró en coma, en septiembre de 2004, se incrementó la cantidad de juicios laborales. Las cámaras empresarias denunciaron en su momento una suba de 126% en la litigiosidad, pero en algunos sectores alegaron que incluso se triplicaron las demandas. A partir de entonces llovieron los reclamos de los hombres de negocios por la sanción de una nueva ley de ART que pusiera fin a una temida “industria del juicio . La CGT, por su parte, ante la posibilidad de un proyecto proempresario encargó a sus técnicos la elaboración de una iniciativa propia, tal como hizo la UIA. Mientras tanto, en el propio Gobierno hubo más de un tironeo. La responsabilidad de redactar el primer texto recayó en Tomada, quien lo hizo en consultas con la CGT, la CTA y las cámaras empresarias reunidas en el denominado G-7. Claro que el borrador que el jefe de la cartera laboral presentó el año pasado recibió un tibio apoyo de los sindicatos y el total rechazo de los empleadores.} En ese contexto, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna sorprendió en septiembre pasado al anunciar que en pocos días tenía previsto elevar al Congreso un nuevo proyecto, lo que quedó trunco con su salida del Gobierno poco después. En ese momento, y con el aval de Kirchner, la cartera laboral volvió a tomar las riendas e introdujo modificaciones a su primer borrador, en consonancia con las objeciones de la UIA. Ese será el texto que llegará en los próximos días al Congreso.