Es indudable que un alto nivel de incumplimiento tributario resulta sumamente perjudicial para la economía de un país, afectando tanto a la equidad tributaria como a la suficiencia de fondos.
Desde el punto de vista de la equidad tributaria, la evasión genera competencia desleal hacia aquellas actividades que cumplen con todas sus obligaciones tributarias. En este sentido, una simulación de rentabilidad sobre las ventas, realizada en función de datos de la matriz Insumo-Producto para un sector productivo de la economía argentina, nos demuestra cómo los márgenes de ganancia se acrecientan para las empresas que evaden y, en consecuencia, deja abierta la posibilidad de que éstas puedan cobrar precios inferiores, a igual margen de ganancias. Por ejemplo, un sector que subdeclara un 10% de sus ventas podría estar cobrando un precio un 6% inferior al de una empresa que no evade y obtener así los mismos niveles de rentabilidad. La posibilidad de reducir el precio se amplía a un 11% para aquellas empresas que subdeclaren un 30% de las ventas. Con este sencillo ejercicio, se hace evidente la inequidad tributaria que se plantea entre dos empresas, una que cumple con el pago total de los impuestos y otra que no lo hace o lo hace parcialmente.
Por el lado de la suficiencia, es evidente que mayores niveles de incumplimiento tributario generan un menor flujo de recursos para el Estado, dada una determinada estructura tributaria. Ahora bien, ¿son significativos estos menores ingresos que se obtienen como resultado de la evasión? Para darnos una idea de la magnitud, tengamos en cuenta cuáles son las necesidades de fondos de dinero en la Argentina durante los próximos años y veamos cuánto de estos fondos se podrían conseguir con una mejora en los niveles de incumplimiento tributario.
En primer lugar, la Argentina se enfrenta con vencimientos de deuda pública (en concepto de amortización e interés) del orden del 2.7% del PIB, en promedio para los próximos 15 años. Podemos suponer que todos los años el Gobierno logra refinanciar un porcentaje determinado de estos vencimientos, asumiendo 3 escenarios posibles de refinanciación: 25%, 50% y 75% del total de obligaciones a pagar en cada año. Para ello, se considera la emisión de un nuevo bono en dólares, a pagar en los 10 años subsiguientes a la refinanciación de cada año. Bajo estos supuestos, las necesidades promedio durante el período 2006-2020 se reducen a un 2.5%, 2.1% y 1.4% del PIB, respectivamente para cada escenario. Es decir que, aún bajo un escenario favorable para la Argentina, en el que todos los años se logra refinanciar una importante porción de los vencimientos, el Gobierno debe garantizarse un flujo importante de fondos fiscales, no sólo para cubrir las obligaciones remanentes, sino también para mostrar reputación fiscal que le permita continuar refinanciando parte de su deuda.
Por otro lado, si uno considera que la Argentina disminuye paulatinamente el nivel de incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) año a año, hasta llegar dentro de los próximos 15 años a un nivel un 40% inferior al actual (supuesto similar al que implicaría llegar a los niveles de evasión de Chile), la ganancia en términos de recaudación podría llegar a ser de hasta un 1.4% del PIB, en el año 2020. Esto implica que tan sólo reduciendo la evasión a niveles comparables a los de nuestro vecino país, el país se aseguraría un importante flujo de recursos excedentes cada año, que le posibilitaría, por ejemplo, cubrir una importante porción de los servicios a pagar por deuda pública.
Sin embargo, al momento de analizar la evasión, es clave tener en cuenta los niveles de presión legal existentes, vale decir las alícuotas cobradas por cada impuesto. Si se comparan las alícuotas de los principales tributos de Argentina con las de Chile, se puede advertir que en la mayoría de los casos los niveles de presión legal en nuestro país son superiores a los de Chile.
En síntesis, es indudable que continuar avanzando hacia menores niveles de incumplimiento tributario traería importantes beneficios para el país. La magnitud de ingresos que se podrían alcanzar no es un tema menor, considerando que tan sólo con una mejora en el nivel de cumplimiento del IVA podría financiarse una importante proporción de los vencimientos de la deuda durante los próximos 15 años. Sin embargo, la reducción de la evasión no pasa solo por una cuestión de administración tributaria. Resulta esencial avanzar en paralelo con una reforma tributaria que tienda hacia una reducción de la presión legal actual, que es soportada por los contribuyentes formales. Sería interesante pensar en un diseño de reforma donde la recaudación ganada por menor evasión, de alguna manera se traduzca en menor presión tributaria legal. Hay que encontrar el mejor mecanismo para poder seguir disminuyendo los niveles de incumplimiento.
