El Plan Nacional de Seguridad presentado es amplio y bastante integral en tanto que abarca distintos aspectos que hacen a una política de seguridad sin quedarse sólo en lo policial, aunque no presenta una política de prevención social comprensiva. Trata de poner foco en el mediano y largo plazo lo cual también es razonable y recoge muchos de los pedidos del petitorio de Juan Carlos Blumberg. Sin embargo tiene serios problemas en términos de la capacidad real y tiempos que puede llevar implementar muchas de las iniciativas, como también a cómo se manejará la transición en muchos casos de reformas institucionales. Más importante aún es la total falta de una mirada de corto y mediano plazo en un contexto de crisis. Por ejemplo, no menciona una política integral para tratar con las zonas calientes del conurbano –donde el Estado no tiene presencia permanente–, y qué solución piensan para los presos en comisarías y en las cárceles superpobladas hasta que se construyan las nuevas que se planean.

También es importante destacar que no participaron en el proceso de elaboración del plan ni los gobiernos provinciales, a pesar de que es un supuesto plan federal, ni tampoco a la oposición. Se habla de una política de Estado en seguridad pero carece del más mínimo consenso entre los actores involucrados, no sólo para que sea sustentable en el largo plazo sino siquiera para comenzar su aplicación. No se tocan temas claves en una política de seguridad nacional como el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas, ni se mencionan políticas concretas en las provincias ni en las fronteras.

Al margen de estas consideraciones, se pueden enumerar algunas de las medidas proyectadas que nos parecen acertadas: la baja en la de edad de imputabilidad de 16 a 14 años es una discusión que esta sociedad merece, pero en el contexto de un debate sobre la política de minoridad en general y no tan sólo como una cuestión de penas. También son positivos los programas de protección de testigos y recompensas; la reorganización de la justicia federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires y la trasferencia de competencias a esta última en materia correccional a la Ciudad; el proceso de juicio rápido para delincuentes sorprendidos in fraganti; y otras.

Pero existen serias dudas sobre algunas medidas planteadas sobre las fuerzas de seguridad. Crea la sexta institución federal de seguridad que superpone competencias y jurisdicciones con las existentes, en lugar de transferir la Superintendencia de Seguridad Metropolitana a la Ciudad de Buenos Aires como corresponde y reorganizar a la Policía Federal. Por último, la inexistencia de una política de shock que genere resultados en el corto plazo ponen un gran signo de interrogación sobre la viabilidad del mismo.

ESpecialista en Seguridad de Fundación

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