Durante cuatro años consecutivos, el gasto público consolidado de Nación y provincias creció al 24% anual acumulativo en pesos corrientes. Si persistiera este ritmo, a mediados de 2009 ya se habría revertido totalmente la licuación del gasto en dólares propuesta a principios de 2002 por el ex ministro Remes Lenicov. En ese escenario, las presiones inflacionarias y el alza de la tasa de interés serían una consecuencia poco menos que inevitable. En esta etapa, el objetivo fiscal más visible es estabilizar el nivel del superávit primario nacional en torno a los 22 mil millones de pesos/año. Este esquema ha sido eficaz para reducir sostenidamente la percepción de riesgo-país, pero presenta el inconveniente de tender a indexar la economía (lo que ingresa de más se gasta automáticamente), resultando excesivamente pro-cíclico. Se pierden así instrumentos si es que tuviera que enfrentarse un contexto externo menos benigno que el actual. Pero además, se pueden producir efectos no deseados por el lado de las expectativas inflacionarias y la tasa de interés. De allí que debería estudiarse la conveniencia de pasar a una nueva etapa, en la que se explicite una meta anual de variación del gasto, más acotada que la actual y con mecanismos para que las provincias se acoplen.
Entre 2001 y 2006, mientras el tipo de cambio aumentó 207%, el gasto público de nación y provincias subió 142%. Si a las erogaciones de 2001 de Nación más provincias se les aplica el ‘dólar Remes’ (1,40 pesos), se tiene un tope para el gasto en dólares de 47,8 mil millones. Ahora bien, ese límite fue perforado en 2006, ya que las erogaciones consolidadas habrían alcanzado 161,8 mil millones de pesos, o sea 52,3 mil millones de dólares al tipo de cambio promedio del año pasado.
Cuando en aquel momento se fijó la paridad entre el peso y el dólar en el mercado oficial a 1,40, se indicó implícitamente que así el gasto público sería financiable y no afectaría la competitividad de la economía.
La pregunta es si el aumento del gasto en dólares significa que volverán las presiones devaluatorias. No necesariamente, porque para que la comparación resulte válida, por lo menos hay que tener en cuenta lo ocurrido en estos años con la inflación de Estados Unidos y con el tamaño de la economía local. Estos dos factores podrían haber desplazado el ‘tope’ Remes un 42% entre 2001 y 2006, haciendo que todavía exista ‘colchón’ entre el tipo de cambio de mercado (3,09 pesos promedio en 2006) y el tipo de cambio necesario para acotar el gasto en dólares, corregido por aquellos dos factores. En 2006, ese tipo de cambio ‘de equilibrio’ hubiera sido en promedio de 2,38 pesos. Si en 2007 la expansión del gasto público se modera a un 19% anual, entonces tendríamos para este año un ‘dólar Remes’ promedio de 2,56 pesos, con un margen considerable respecto del tipo de cambio de mercado.
En cambio, si el gasto consolidado de Nación y provincias sigue creciendo en forma ininterrumpida al 24% anual, entonces el ‘dólar Remes’ subiría a gran velocidad, superando los 3,50 pesos por dólar en 2009.
En ese escenario, los efectos expansivos de la política fiscal serían anulados por las turbulencias derivadas de la pulseada entre el precio del dólar y el nivel de las tasas de interés. No hay que olvidar que uno de los instrumentos más potentes de la recuperación post crisis es el bajo nivel de la tasa de interés en pesos. Más allá de sus implicancias en la lucha por la estabilidad, no debe desconocerse que, dado el actual escenario internacional de tasa de interés en dólares de 5,25% anual -todo indica que por algún tiempo más-, la única razón por la que en la Argentina los depósitos en pesos crezcan aún con una tasa de interés de entre 7,5 y 9,5% (según los montos) es por la baja expectativa de devaluación de la moneda local frente al dólar. El mercado pareciera descontar un deslizamiento muy suave, de entre 2 y 3% anual, en un horizonte razonable, para el tipo de cambio, y esto explica el predominio de tasas de interés inferiores a la inflación esperada.
Ahora bien, de los números anteriores surge que el único que está en condiciones de cambiar ese escenario es el propio Gobierno, si es que continuara con un ritmo de crecimiento del gasto que, en dólares, volviera a ser extremadamente oneroso, afectando la competitividad.
Por el contrario, si la expansión del gasto público convergiera en los próximos años a un andarivel entre el 12 y el 13% de incremento anual, entonces el horizonte para el tipo de cambio se extendería (con el consiguiente beneficio para las tasas de interés), mientras que las expectativas inflacionarias se podrían moderar significativamente. Adicionalmente, un número no menor de provincias que comienza a mostrar dificultades para cerrar la caja, encontraría en ese sendero una tabla de salvación, evitando retroceder a las épocas de las cuasimonedas y el endeudamiento impagable.
