Cuando en el año 1970 Alan Greenspan fue convocado por el presidente norteamericano Richard Nixon, el célebre ex banquero central se encontró con una dificultad: Nixon había impulsado un esquema generalizado de controles de precios para combatir la inflación, en el cual Greenspan no creía. Entonces le confesó a un colaborador en referencia a la convocatoria presidencial: “esto es como llamar a un psicólogo para realizar un análisis cardiológico . La frase no es literal, ya que la metáfora original era un poco grosera y preferimos adaptarla para esta columna. Un conflicto similar debe presentársele al actual Presidente del BCRA, Martín Redrado. A él le toca el enorme desafío de convencer al resto del gobierno que es el Banco Central quien debe atender mayormente la problemática inflacionaria y que las políticas de ingresos son un elemento temporario de control de expectativas. La tarea no es sencilla. Aunque es cierto que, desaparecida la “dominancia fiscal , el BCRA tiene hoy herramientas potentes para controlar la dinámica inflacionaria, también es cierto que hay otras “dominancias (coyunturales, políticas o ideológicas) que complican el diseño de una estrategia monetaria y cambiaria totalmente consistente. Esto quizás explique por qué los últimos días han sido testigos de un freno en la política moderadamente contractiva que venía practicando desde finales del año pasado. Otra razón –atendible por cierto– sería suponer que el BCRA ha decido (en sintonía con la Reserva Federal) entrar en una suerte de “esperar y ver en materia de tasas de interés. Es posible que el Central perciba que lo hecho hasta hoy en materia de desaceleración del crecimiento de los agregados monetarios y suba de las tasas de interés podría comenzar (o ha comenzado) a afectar el ritmo de crecimiento de la economía y (eventualmente) de los precios. Aunque hoy no hay datos que avalen la hipótesis de una desaceleración económica, es cierto que la política monetaria opera con rezagos desconocidos para todos. También es cierto que los índices de precios oficiales han registrado una desaceleración en el crecimiento de los precios de bienes y servicios relevados por el Indec. El problema que se le plantea al BCRA para el diseño de sus políticas es idéntico a las dificultades que hoy tienen casi todos los analistas. En una economía cuyo comportamiento sectorial en materia de precios y salarios es sumamente diferenciado, según se trate de sectores alcanzados o no por los controles, decidir el sesgo de la política monetaria resulta casi un problema de elección del índice de inflación “apropiado . Otro tanto nos ocurre a la hora de juzgar la estrategia antiinflacionaria. En teoría, los acuerdos de precios eran el mecanismo para moderar las presiones inflacionarias de corto plazo, mientras daban tiempo a que las políticas fiscal y monetaria pudieran moderar su sesgo expansivo y actuar sobre los factores macroeconómicos subyacentes del incremento de precios. También para que los ajustes pendientes de precios relativos se dieran en un contexto más benévolo. Y finalmente, para que la inversión madurara y se adaptara al fuerte ritmo de crecimiento de la demanda agregada. En la práctica, todo parece indicar que su éxito aparente sólo ha servido para convencerse de que hemos descubierto la cuadratura del círculo, y por esto vemos que: a) la política fiscal sigue siendo expansiva y que la monetaria ha frenado su tendencia contractiva; y b) que los ajustes de precios relativos en los sectores regulados siguen postergados; y c) sabemos que los acuerdos han enrarecido el “clima de negocios pero es prematuro aventurar qué ocurrirá con la tasa de inversión. Expansión fiscal y acuerdos de precios son socios inseparables de cara al escenario electoral de 2007. Este mix de políticas podría tener un impacto estadístico clave. Por un lado, los acuerdos de precios han logrado su máximo impacto en los bienes que componen la canasta básica, utilizada para las mediciones de pobreza. Por otro lado, los acuerdos salariales han conseguido desacelerar el crecimiento de los salarios en el sector formal de la economía pero no han alcanzado al sector informal. La consecuencia es que los salarios formales crecen a un ritmo de 20% anual mientras que los informales lo hacen al 25%. Esto revierte la tendencia del año 2005, cuando el sector formal lideró la carrera salarial y el rezago del sector informal generó un deterioro distributivo. La combinación de estos factores tendrá seguramente impactos positivos sobre algunos indicadores políticamente sensibles. La combinación de mejoras relativas en los salarios informales con acuerdos de precios presionando sobre bienes sensibles de la canasta básica tendrá dos efectos: a) una mejora en las estadísticas de distribución del ingreso; y b) una mejora en el índice de pobreza. La economía política detrás de los acuerdos de precios y salarios hace políticamente improbable anticipar una estrategia de gradual de abandono de la política de administración de precios y salarios durante el próximo año.