Donald Trump se dispone a lanzar una nueva ola de aranceles basados en legislación alternativa si la Corte Suprema falla en contra de los gravámenes actuales, según señalan diplomáticos y abogados especializados en comercio.
El máximo tribunal de Estados Unidos podría pronunciarse ya en enero sobre la legalidad del uso de poderes de emergencia por parte del presidente para castigar a sus socios comerciales con aranceles, dejando en vilo la pieza central de su política económica.
Los operadores de los mercados se preparan para una fuerte turbulencia si la Corte Suprema falla contra Trump, lo que podría dejar al gobierno federal expuesto a miles de millones en devoluciones de aranceles que ya fueron recaudados.
Sin embargo, diplomáticos y abogados comerciales consideran que la administración cuenta con una serie de planes para sostener los gravámenes independientemente del fallo del tribunal, utilizando una combinación de medidas comerciales vigentes junto con otras leyes alternativas.
La combinación exacta de normas que podría desplegar la administración si se declara ilegal el uso de poderes de emergencia dependerá del detalle del fallo, señaló una persona familiarizada con el razonamiento interno del gobierno.
“Nadie cree que los aranceles vayan a desaparecer”, dijo Ted Murphy, abogado especializado en comercio del estudio Sidley Austin en Washington. “Simplemente se volverán a emitir bajo otro paraguas legal. Reemitirán los aranceles el mismo día”.
Entre las medidas que se esperan de la administración si la Corte Suprema falla en su contra figura un uso más amplio de una ley de seguridad nacional poco conocida, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que ya fue activada para aplicar aranceles a automóviles, acero, aluminio, cobre y madera.
Actualmente están en marcha investigaciones sobre semiconductores, productos farmacéuticos y medicamentos, minerales críticos y partes aeroespaciales en el marco de la Sección 232, aunque sus conclusiones aún no se han hecho públicas.
La administración también ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974 para iniciar investigaciones sobre las prácticas comerciales de países como Brasil, Nicaragua y China, y es probable que anuncie nuevas pesquisas.
Abogados del sector señalan que el gobierno podría utilizar una medida conocida como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permitiría a Washington imponer aranceles de hasta el 15% a sus socios comerciales por un período de 150 días.
Otra disposición separada, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, también podría activarse, aunque ha sido utilizada muy raramente en la historia reciente. Esta norma permite al gobierno imponer de inmediato gravámenes de hasta el 50% a un país extranjero que discrimine contra el comercio estadounidense, y puede emplearse para responder a cualquier “cargo, exacción, regulación o limitación irrazonable”.
Según personas al tanto de esas conversaciones, tanto la Sección 338 como la Sección 122 fueron discutidas por la administración en los primeros meses de este año como vías para imponer los aranceles recíprocos impulsados por Trump.
No obstante, aunque la Casa Blanca podría reconstruir un muro arancelario, las vías legales alternativas limitarían la capacidad de Trump para subir y bajar rápidamente los gravámenes, privándolo del instrumento más inmediato para castigar a los principales socios comerciales con aranceles.
“Si la Corte Suprema falla contra la administración, el poder de Trump para usar los aranceles tanto como castigo como recompensa se verá significativamente reducido”, afirmó Lori Wallach, directora del grupo Rethink Trade y abogada.
“Con otras leyes, la administración tendría que justificar el uso de aranceles”, añadió. “Será menos del estilo: ‘Me desperté y decidí que estoy molesto con este aviso de televisión canadiense, así que voy a subir la tasa arancelaria’”.
Trump describió la deliberación de la Corte Suprema como “uno de los casos más importantes en la historia de nuestro país” y a comienzos de esta semana instó a sus seguidores a rezar por una victoria judicial de la administración.
“¡Todos deberían rezar para que la Corte Suprema de los Estados Unidos tenga la Sabiduría y el Genio para permitir que los aranceles PROTEJAN nuestra Seguridad Nacional y nuestra Libertad Financiera!”, escribió Trump en Truth Social.
Según cifras oficiales, la administración recaudó u$s 200.000 millones en ingresos por aranceles en 2025.
Los importadores se apresuran a entender cómo podrían reclamar reembolsos por los gravámenes que pagaron como resultado del uso de poderes de emergencia por parte de Trump y muchos están contratando abogados y preparando apelaciones ante los tribunales.
A comienzos de este mes, el gigante minorista Costco demandó a la administración Trump con el objetivo de preservar su derecho a recuperar los aranceles que había abonado. En el caso ante la Corte Suprema se presentaron alrededor de 40 escritos legales en oposición a los aranceles emblemáticos de Trump, incluidos los del US Chamber of Commerce, la mayor asociación empresarial del país.
Cualquier fallo en contra del uso de poderes de emergencia probablemente sacudiría el mercado de bonos del gobierno, con una caída de los precios y un aumento de los rendimientos ante la expectativa de un mayor endeudamiento público.
Sin ingresos arancelarios, el Departamento del Tesoro se enfrentaría a un abultado déficit fiscal y a un ritmo más acelerado de endeudamiento para cubrir el bache, lo que reduciría el precio de la deuda existente.
Anular el uso de poderes de emergencia también podría generar confusión a corto plazo entre empresas y socios comerciales.
Incluso si las devoluciones finalmente se demoraran o se limitaran, la incertidumbre legal podría complicar las proyecciones de ganancias corporativas y alterar los flujos de caja de las compañías que absorbieron o trasladaron los mayores costos.
El vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, advirtió que “las consecuencias económicas y de seguridad nacional” de un fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump serían “enormes”.
“La Casa Blanca espera con interés una resolución rápida y adecuada de este asunto por parte de la Corte Suprema”, señaló Desai.