Si bien el foco de atención mundial apunta a las crisis política y económica que azotan a Europa y Estados Unidos, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff también tiene su cuota de intriga en su país.

A menos de ocho meses de asumir la presidencia, la líder de centro izquierda ya tuvo que reemplazar a tres ministros y enfrenta investigaciones policiales por supuesta corrupción en sus ministerios de agricultura y turismo.

Algunos analistas consideran que la serie de renuncias ministeriales son como las “tareas domésticas” que hace un presidente nuevo. Sin embargo, otros opinan que los problemas podrían tener su raíz en una lucha interna que se desató dentro de su coalición gobernante, compuesta por varios partidos, que podría hacer peligrar cruciales reformas económicas de largo plazo.

“Si bien parece parte de las ‘tareas domésticas’, no creo que sea así de intencionado”, comentó João Augusto de Castro Neves, analista y editor político de la revista The Brazilian Economy. “Es el resultado de fuego amigo”.

Rousseff tiene la imagen de administradora honesta y competente que preside un crecimiento económico sólido pese a la crisis de deuda mundial. En un estudio publicado la semana pasada, el 67% de los brasileños consultados aprueba la forma en que está gobernando.

Sin embargo, hay señales de que los escándalos y las condiciones económicas más difíciles —el gobierno se vio obligado a elevar las tasas de interés este año para combatir la inflación— hicieron mella.

Su popularidad cayó seis puntos porcentuales desde marzo, mientras que la cantidad de personas consultadas que desaprueban su estilo de conducción se duplicó a 25%.

El sondeo también indica que el aspecto más recordado de su gobierno hasta la fecha son el escándalo de corrupción que terminó con el despido del ministro de transporte el mes pasado y el otro conflicto ético en junio que derribó a su jefe de gabinete, Antonio Palocci.

Después de esos escándalos siguió la pérdida de su tercer miembro del gabinete, el ministro de defensa Nelson Jobim, por criticar públicamente a sus colegas en el gobierno.

Rousseff se vio luego obligada a apoyar a su ministro de agricultura, Wagner Rossi, después de una investigación por acusaciones en su contra por supuestas coimas. Y la semana pasada, su gobierno se sacudió otra vez cuando la policía federal arrestó a 33 funcionarios del ministerio de turismo y empresarios vinculados a ellos, incluyendo al viceministro de turismo.

La policía sospecha que hubo un defalco de millones de dólares que estaban destinados a brindar capacitación profesional a trabajadores con vistas a la Copa Mundial y Juegos Olímpicos. La mayoría de las personas implicadas en las denuncias, incluyendo los ministros, negaron las acusaciones.

David Fleischer, analista político de la Universidad de Brasilia, sostiene que las investigaciones seguramente estén intensificando las tensiones dentro de la coalición gobernante de Rousseff.
La semana pasada, en una aparente advertencia a Rousseff, unos 200 diputados de cuatro partidos de la coalición de gobierno bloquearon un decreto presidencial que habría autorizado un tratado para cooperar con China contra las actividades delictivas, contó.

Son varios los proyectos de ley detenidos en la legislatura, incluyendo una reforma fiscal, considerada crucial para mejorar la competitividad de Brasil, y leyes nuevas para el sector de minería y regalías petroleras.

Rousseff tuvo varias victorias, fue capaz de mantener un límite al abultado gasto del gobierno y moderar la propuesta de elevar el salario mínimo que habrían empeorado el ritmo de inflación.
Ahora el desafío para ella será dejar atrás esos escándalos y mantener la economía en su senda, además de recuperar la iniciativa en la agenda legislativa.

“Parte de su popularidad proviene de la percepción de que ella es una persona que hace frente a la corrupción,” comentó otro analista político con residencia en Estados Unidos. “Pero si todo lo que se ve es corrupción, los brasileños se desilusionarán”, agregó.