La policía brasileña afirma que Jair Bolsonaro planeaba solicitar asilo político en Argentina antes de su juicio por un presunto complot golpista, según un documento hallado en el teléfono móvil del expresidente.
El borrador de la solicitud de asilo, sin fecha, fue descubierto en un dispositivo incautado durante las investigaciones. Estaba dirigido al presidente argentino Javier Milei y alegaba que Bolsonaro había sido víctima de persecución política y temía por su vida, según un informe presentado por investigadores de la policía federal al Tribunal Supremo de Brasil.
La policía no aclaró si la solicitud fue efectivamente presentada al gobierno argentino.
Bolsonaro enfrenta la posibilidad de más de 40 años de prisión si es declarado culpable de conspirar para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, que perdió frente a su rival de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
El exmandatario de extrema derecha niega los cargos. El Supremo brasileño fijó el juicio para el próximo mes.
La policía señaló que la solicitud de asilo, de 33 páginas, estaba guardada en el teléfono del expresidente en febrero de 2024, dos días después de las redadas contra varios sospechosos del presunto complot golpista. También le confiscaron el pasaporte.
Los investigadores afirmaron que la carta sin firmar, que comienza con pasajes de la Biblia, revelaba que Bolsonaro "planeaba actos para huir del país, con el propósito de impedir la aplicación de la ley penal".
Uno de los abogados de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, dijo al medio local G1 que la solicitud de asilo fue una "sugerencia" que su cliente no llegó a concretar.
"Mucha gente le enviaba muchas cosas. Todo tipo de sugerencias. Alguien le mandó una solicitud de asilo en febrero de 2024: pudo haberse ido, pero no lo hizo. No quiso, no estaba bajo arresto domiciliario, ni tenía tobillera electrónica. Pudo haber escapado, pero no lo hizo", señaló el abogado.
Mientras tanto, el juez del Supremo que supervisa el caso del golpe, Alexandre de Moraes, dio al acusado hasta la noche del viernes para explicar sus repetidas violaciones a las restricciones impuestas por el tribunal, como la prohibición de usar redes sociales, y para aclarar la "existencia de riesgo de fuga".
El juicio a Bolsonaro, un político antisistema y ex capitán del ejército, provocó la peor crisis en décadas en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump denunció el proceso contra su aliado como una "cacería de brujas" y el mes pasado impuso un arancel del 50% al país latinoamericano al exigir que el juicio se cancelara de inmediato.
Lula rechazó la presión estadounidense calificándola de "inaceptable", y el tribunal prometió seguir adelante con el caso.
En el escrito judicial difundido el miércoles, la policía federal también recomendó presentar nuevos cargos contra Bolsonaro y su hijo Eduardo por intentar obstruir la investigación.
El congresista brasileño, que actualmente reside en Estados Unidos, ha estado haciendo lobby en Washington en nombre de su padre. Logró que la administración Trump impusiera sanciones financieras contra De Moraes.
Eduardo Bolsonaro publicó en redes sociales: "Mis acciones en Estados Unidos nunca tuvieron la intención de interferir en ningún proceso en curso en Brasil. Siempre dejé en claro que mi pedido es por la restauración de las libertades individuales en el país, a través de medios legislativos".
Los fiscales brasileños aseguran que el complot golpista, presuntamente planificado por Bolsonaro y su círculo cercano -incluidos altos mandos militares y exministros-, también contemplaba planes para asesinar a Lula, a su compañero de fórmula y al juez De Moraes.
Sostienen que su última fase fallida fue el motín en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron y destrozaron edificios gubernamentales.