Un escándalo de jubilaciones por mil millones de dólares sacude al gobierno de Brasil antes de las elecciones del próximo año, obligando a un ministro a renunciar y recordando casos pasados de corrupción bajo el partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los votantes mayores son clave para Lula y, al menos hasta hace poco, eran uno de los pocos grupos donde el veterano político mantenía una aprobación neta positiva. Los investigadores que indagan en el escándalo dijeron que funcionarios conspiraron con estafadores para desviar hasta 6.300 millones de reales (1.100 millones de dólares) en pagos a un estimado de 6 millones de jubilados entre 2019 y 2024. Ni el presidente ni los miembros del gabinete están acusados de haber participado en el esquema, que comenzó durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Pero la oposición ha acusado al gobierno de no actuar rápidamente para enfrentar la estafa, aprovechando la oportunidad para atacar a Lula justo cuando algunas encuestas mostraban un leve aumento en su popularidad tras casi un año de caída. Los pensionados "se quejaron y no pasó nada", dijo el diputado de derecha Nikolas Ferreira en un video visto más de 130 millones de veces en Instagram. "Estamos hablando de una malversación de miles de millones [de reales] a personas enfermas o ancianas." Un agregador de encuestas de CNN Brasil e Ipespe Analítica del mes pasado mostró una desaprobación general del 53% hacia la administración de Lula. A pesar del crecimiento económico y del bajo desempleo, la inflación persistente ha provocado un descontento generalizado. "No podrían ser peores noticias para el gobierno", dijo Andrei Roman, fundador de la consultora de datos AtlasIntel. "Este evento es muy negativo, no solo en términos de aprobación, sino también para las chances de reelección del presidente." La policía arrestó a seis personas el mes pasado bajo sospecha de inscribir fraudulentamente a jubilados en sindicatos y otras asociaciones que supuestamente brindaban servicios como descuentos en atención médica o cuidado funerario, que luego descontaban pequeñas sumas de sus cheques mensuales. Los críticos señalan que el ministro de Seguridad Social fue alertado por primera vez de las quejas en 2023, pero recién el año pasado comenzó a tomar medidas como cambiar las reglas sobre las deducciones de pensiones. La magnitud del presunto fraude fue revelada en una investigación de la Policía Federal y la Contraloría General de la Unión, una autoridad anticorrupción. La mitad de los encuestados en un estudio de AtlasIntel creyeron que el gobierno tardó demasiado en actuar y que luego lo hizo de manera incorrecta. Se espera ampliamente que Lula, de 79 años, sea el candidato de su partido, el Partido de los Trabajadores, en las elecciones generales del próximo año, a pesar de las dudas sobre su edad y estado de salud tras una cirugía de emergencia el año pasado por una hemorragia cerebral. Su antes reconocido juicio político ha sido puesto en duda por una respuesta lenta al escándalo. "Parece que al gobierno le preocupaba más evitar culpas, transferir responsabilidades y debatir dónde empezó todo, que aclarar a la sociedad qué estaba pasando realmente," dijo Rafael Cortez, analista político de Tendências Consultoria. El presidente recibió críticas por respaldar al ministro a cargo durante más de una semana, en un aparente intento de mantener al Partido Democrático Laborista (PDT) en su coalición gobernante. El PDT se retiró cuando el ministro renunció este mes. "La salida del PDT señala un debilitamiento político del gobierno, que ya enfrenta dificultades para mantener la lealtad de sus aliados," dijo Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getúlio Vargas. El exlíder sindical Lula gobernó dos mandatos entre 2003 y 2011, ganando reconocimiento internacional por sacar a millones de la pobreza con programas sociales. Pero la corrupción es un punto débil para su partido. Su último período en el poder terminó con un gran escándalo de sobornos que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos de todo tipo, incluido Lula. Sus condenas fueron luego anuladas, allanando el camino para un dramático regreso frente al populista de derecha Bolsonaro en 2022. El escándalo de pensiones "tendrá un impacto en 2026, porque la corrupción es el problema más grave para el Partido de los Trabajadores", dijo Roman. Entre las 11 organizaciones investigadas por la policía estaba un sindicato de jubilados cuyo directorio incluye al hermano mayor de Lula. Él no fue investigado personalmente, pero los adversarios del presidente aprovecharon la conexión. El gobierno prometió indemnizar a las víctimas y buscó culpar a su antecesor. "Fue durante la administración de Bolsonaro que las bandas crearon entidades fantasma para robar a los jubilados, sin que se hiciera nada para investigarlas," dijo la secretaria de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann. Sin embargo, el tema ha dado un raro motivo de alegría a los seguidores de Bolsonaro, quien debe enfrentar un juicio por cargos de conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado y mantenerse en el poder. Legisladores de derecha buscan una investigación parlamentaria sobre el fraude, lo que podría prolongar la publicidad negativa para el actual gobierno. José Antônio Mateus, un jubilado en São Paulo, notó un cargo inexplicado de 77 reales (14 dólares) en su recibo jubilatorio en 2024 y cree que fue estafado durante dos años. El hombre de 75 años dijo que el escándalo era un síntoma del podrido sistema político de Brasil. "Todo el sistema es culpable," dijo. "Hemos sufrido corrupción durante mucho tiempo."
El fraude en las jubilaciones de Brasil complica las chances de reelección de LulaEl fraude en las jubilaciones de Brasil complica las chances de reelección de Lula