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La entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur inaugura una nueva etapa en la relación birregional, en un contexto internacional atravesado por tensiones comerciales y reconfiguración de alianzas.
En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el avance y afirmó que “frente al proteccionismo la UE y los países del Mercosur apostamos por la apertura, el multilateralismo y por nuevas oportunidades”.
Desde Madrid, el mandatario sostuvo además que el acuerdo representa una apuesta por la “prosperidad compartida a ambos lados del Atlántico”, en línea con una estrategia que busca fortalecer los vínculos entre ambas regiones.
Según datos de la Comisión Europea, el bloque conjunto abarca más de 700 millones de personas y cerca del 25% del PBI global, con una liberalización arancelaria que alcanzará el 91% para exportaciones europeas y el 92% para las del Mercosur.
¿Qué implicancias económicas reales tiene el acuerdo para ambas regiones?
La propia Comisión Europea sostiene en sus proyecciones oficiales que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones europeas hacia el Mercosur hasta un 39% hacia 2040, alcanzando los 50.000 millones de euros anuales.
En esa línea, la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, afirmó que “los beneficios son reales y visibles” desde la aplicación inicial, con reducción de aranceles, mayor acceso a mercados y previsibilidad para los inversores.
Desde el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— el impacto presenta matices. Si bien se abren oportunidades para exportaciones agroindustriales, también surge el riesgo de profundizar un patrón de inserción internacional basado en bienes primarios.
Esta dinámica plantea interrogantes sobre la capacidad de los países latinoamericanos para avanzar en cadenas de valor con mayor contenido tecnológico y evitar una mayor dependencia estructural.
En términos sistémicos, el acuerdo refuerza la estrategia europea de diversificación comercial. Frente al peso creciente de China en América Latina, la UE busca consolidar su presencia económica en la región mediante reglas estables y marcos institucionales previsibles, en línea con su enfoque de “autonomía estratégica abierta”.
¿Qué tensiones políticas y geopolíticas condicionan su implementación?
El acuerdo avanza en medio de resistencias internas dentro de la Unión Europea. Francia encabeza la oposición, con un fuerte respaldo de su sector agrícola, que advierte sobre la competencia de productos sudamericanos con menores costos.
Esta tensión refleja una fractura dentro del bloque europeo entre intereses industriales y agrícolas, así como distintas visiones sobre la apertura comercial.
Para responder a estas preocupaciones, la Comisión Europea incorporó cláusulas de salvaguarda que permiten suspender beneficios arancelarios en productos sensibles (como carne vacuna, aviar, azúcar, huevos y cítricos) en caso de distorsiones de mercado. Estas herramientas buscan equilibrar la liberalización con la protección de sectores vulnerables.
A su vez, el proceso institucional aún no está cerrado. El Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo antes de su ratificación definitiva, lo que introduce incertidumbre jurídica. En este marco, la fase provisional se convierte en una instancia clave para demostrar resultados concretos y sostener el consenso político.
En clave geopolítica, el entendimiento UE-Mercosur excede lo comercial. Se inscribe en la competencia por influencia en América Latina, donde actores como China han expandido su presencia en infraestructura, financiamiento y comercio. Así, el acuerdo no solo redefine flujos económicos, sino que también configura un instrumento de posicionamiento estratégico en el sistema internacional contemporáneo.