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El debate sobre la financiación autonómica vuelve al centro del escenario político con el anuncio del Gobierno de España sobre el presupuesto para 2026. En medio de la preparación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Hacienda ha presentado unas cifras históricas que han sido recibidas con escepticismo y críticas por parte del Partido Popular (PP).
La ministra María Jesús Montero ha asegurado este lunes que el Ejecutivo garantizará a las comunidades un margen de déficit del 0,1 % del PIB y entregas a cuenta que alcanzarán los 157.731 millones de euros, un 7 % más que el año anterior. Sin embargo, la reacción de los gobiernos autonómicos del PP ha sido de rechazo frontal.
Hacienda anuncia una financiación histórica
Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Hacienda propuso una senda de estabilidad con un objetivo de déficit autonómico del 0,1 % entre 2026 y 2028. Esto supondría, según sus estimaciones, un margen adicional de 5.485 millones de euros para las regiones.
El Gobierno también informó de que las comunidades recibirán entregas a cuenta por 157.731 millones, la mayor cifra registrada hasta la fecha, atribuida al buen comportamiento de la economía española. Esta cuantía se completará con la liquidación de 2024, que se ejecutará en 2026, sumando una financiación total de 170.300 millones de euros.
Montero defendió que “la financiación a las comunidades en 2026 será la más elevada de la historia de la democracia” y que el Gobierno tiene garantizada la aprobación de la senda de estabilidad en el CPFF, donde cuenta con la mitad de los votos. Le basta con un voto autonómico a favor para que la propuesta salga adelante.
El PP acusa al Gobierno de usar los presupuestos con fines políticos
Desde el PP, la reacción fue inmediata. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del partido, afirmó que sus comunidades no participarán en lo que llamó los “trapicheos con los independentistas” para aprobar los presupuestos y acusó al Gobierno de usar las cifras para favorecer a sus socios. “No vamos a ser cómplices”, dijo.
La consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, calificó la reunión de “paripé” y mostró su escepticismo: “Saben perfectamente que no tienen luego los votos”. Por su parte, Rocío Albert, consejera de Madrid, denunció que Hacienda está “ninguneando a las comunidades” y que el encuentro llega con el calendario presupuestario autonómico ya en marcha: “Con los arbolitos de Navidad ya encendidos”.
Desde Murcia, Luis Alberto Marín señaló que este CPFF es una repetición de anteriores encuentros: “Un déjà vu, un soliloquio de la ministra para contentar a los socios independentistas”. En la misma línea, Elena Manzano, desde Extremadura, anunció que reclamará que los acuerdos del anterior CPFF no sean válidos al no haberse alcanzado el cuórum necesario tras la salida de varias delegaciones.
Posiciones enfrentadas con el horizonte de 2026 incierto
Mientras el Ejecutivo defiende la legalidad y viabilidad de sus cifras, los populares auguran una legislatura sin presupuestos. Bravo alertó de que “España puede entrar en colapso, en parálisis sin presupuestos y sin fondos Next Generation en 2026” y pidió a Pedro Sánchez que convoque elecciones.
A pesar de las críticas, otras comunidades como Cataluña o Asturias pidieron una actitud constructiva. La consellera catalana Alícia Romero acudió con “voluntad propositiva”, mientras que el asturiano Guillermo Peláez abogó por el respeto institucional y la mejora del modelo de financiación.
El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros la senda de estabilidad y remitirla al Congreso, donde el apoyo de partidos como Junts, que ya rechazaron medidas similares, será crucial. En caso de que el Congreso no la respalde, el Ejecutivo podrá presentarla dos veces antes de aplicar directamente la propuesta enviada a Bruselas.
El cruce de declaraciones refleja la tensión entre Gobierno y autonomías en un contexto clave para la estabilidad fiscal. A la espera del debate parlamentario, el escenario para 2026 sigue abierto y marcado por la confrontación política.
