En un nuevo revés para el Gobierno nacional, el Congreso de la Nación rechazó un proyecto que buscaba establecer límites o topes a los precios de servicios esenciales durante situaciones de emergencia. La iniciativa, que apuntaba a proteger a los consumidores frente a posibles abusos en contextos de crisis, no logró avanzar y fue desestimada por los legisladores. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este jueves informó la decisión este jueves. Vale destacar que este decreto había sido aprobado el 10 de febrero por el Consejo de Ministros para descartar subas abusivas a consumidores, tal como ocurrió con los vuelos durante el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Asimismo, se lamentó por la negativa y aseguró que “se estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos”. De esta manera, acusó a plataformas multinacionales de incrementar precios “de manera completamente impune”. El decreto ley ha recibido 177 votos en contra —los del PP, Vox y Junts—, 172 a favor —los del PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno— y una única abstención, la de UPN. El PP se opuso porque, tal como ha argumentado su diputada María Pilar Alía, esta norma “abre la puerta al Gobierno para establecer precios en cualquier momento y decidir tanto el inicio como el final de la medida”. En su opinión, el ámbito de aplicación resulta “extremadamente amplio” y eso genera “gran inquietud”. Vox también dio la negativa, al considerar que la propuesta “atenta contra la libertad de empresa” y “estigmatiza a sectores económicos enteros”. Así lo ha expresado su diputado Carlos Flores, quien ha desmentido que los precios se dispararan tras el accidente —como había afirmado antes el ministro de Consumo— y ha criticado al ministro por ofrecer en el pleno un discurso “lacrimógeno” y por difundir, según él, “el enésimo bulo”. Por su lado, el diputado de Junts Josep María Cruset ha rechazado la iniciativa al entender que “no es la vía adecuada” para abordar la contención de precios en situaciones de emergencia. Además, ha acusado al Gobierno de actuar con “falta de ética” y de “menospreciar a otras fuerzas políticas”. Según él, intervenir en el mercado de esta forma es “abusivo” y “temerario”, al tiempo que “restringe derechos de los ciudadanos”. La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha defendido que la norma no señala a ningún sector en particular ni fuerza a nadie a vender por debajo de costes, sino que busca dar mayor seguridad y protección a la ciudadanía. Por su parte, Inés Ganollers (ERC) ha subrayado que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados mientras el mercado aprovecha las tragedias para obtener ganancias abusivas, y ha instado al Gobierno a actuar con mayor determinación y valentía. En la misma línea, la diputada de Bildu, Marije Fullaondo, ha destacado que se trata de una medida de carácter social y no ideológico, y ha tildado de ruin, mezquino y miserable el intento de multiplicar beneficios en situaciones de emergencia, donde la ausencia de regulación genera escenarios de desigualdad todavía más graves. “Hay momentos en los que no corresponde ganar más”, ha afirmado la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien ha puesto como ejemplo lo sucedido en su comunidad tras la erupción del volcán de La Palma, con alzas descontroladas en alquileres y otros servicios básicos. Por su lado, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha aludido a Galicia y ha recordado las subidas desproporcionadas de los precios de los vuelos entre Madrid y Galicia durante el verano, en plena ola de incendios. “Algunos hicieron negocio a costa del sufrimiento de muchos”, añadió. Desde Podemos, Javier Sánchez defendió que el Estado sí debe intervenir cuando las circunstancias lo exigen, aunque se ha preguntado por qué el Gobierno excluye, por ejemplo, la crisis de la vivienda de este tipo de medidas. Finalmente, el diputado de Sumar, Manuel Lago, ha acusado a VOX de mostrar maldad hacia quienes sufren y servilismo hacia los poderosos, insistiendo en que ha llegado el momento de que la ley defienda de verdad a los consumidores frente a los especuladores.