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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la red eléctrica es un servicio estratégico que hoy está privatizado y actúa como un monopolio pero que debería "estar en manos públicas".
Durante la presentación de la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral este miércoles, la ministra ha considerado que el Gobierno ha resuelto "una crisis energética sin precedentes en un tiempo raudo" y ha agradecido a los ciudadanos "estar a la altura de las circunstancias".
Ha recordado que el Gobierno ha iniciado las tareas para evaluar lo que ha sucedido y ha pedido a todos los actores "rigurosidad" para conocer lo que ha sucedido y poder indicar así "responsabilidades" si las hubiera.
Díaz asegura que la red eléctrica es un servicio estratégico fundamental
"Nuestro país está a la vanguardia en el proceso de descarbonización de la economía y las renovables son energía verde, más barata y más segura", ha dicho Díaz, al tiempo que ha añadido que en estos días ha quedado claro que el sistema es "profundamente robusto".
A su juicio, que el PP pida alargar la vida de las nucleares "es poco serio".
Gobierno permite ampliar hasta el 6 de mayo plazos afectados por el apagón
En el mismo sentido, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este miércoles a un acuerdo para permitir la ampliación de plazos hasta las 00:00 horas del 6 de mayo en procesos administrativos que se vieron afectados por el apagón del pasado lunes.
Según informa el Ministerio para la Transformación Digital y de la FunciónPública, la medida es de aplicación en todo el sector público, es decir, en la Administración General del Estado, en las administraciones autonómicas, en las entidades locales y en el sector público institucional.
Con esta iniciativa, añade la nota, el Ejecutivo pretende garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, así como evitar la "caducidad indebida" de procedimientos administrativos por la crisis energética sufrida el pasado lunes en todo el territorio peninsular.
De esta forma, se asegura que ningún ciudadano quede excluido de procesos selectivos y oposiciones por la expiración de plazos administrativos o que ningún particular ni empresa pierda la oportunidad de presentar una oferta en un procedimiento de contratación pública o en una convocatoria de subvenciones.
Asimismo, permite que nadie se vea impedido de interponer un recurso administrativo o de formular alegaciones en procedimientos sancionadores.
Fuente: EFE.