El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Juan Espadas (59 años), ha advertido de un “efecto contagio” entre el Partido Popular y Vox que, a su juicio, está afectando al ejercicio del derecho al aborto en algunas comunidades autónomas.
En palabras del abogado y político español, el PP “se está mimetizando con los discursos de la derecha”, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde –según datos del Ministerio de Sanidad– menos del 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos: “Hay comunidades en las que las mujeres no están yendo a la sanidad pública a abortar porque solo encuentran problemas y dificultades”, señaló en conversación con El Cronista España.
El aborto fue legalizado por primera vez en España mediante la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, que despenalizó la interrupción del embarazo en tres supuestos: riesgo para la salud de la mujer, violación y malformación del feto. No obstante, la normativa vigente es la Ley Orgánica 2/2010, que permite la interrupción hasta la semana 14 sin necesidad de alegar causa alguna. Esta ley ha sido modificada posteriormente en 2022 y 2023 para introducir nuevos ajustes y actualizaciones en su aplicación.
En la Comunidad de Madrid menos del 1% de los abortos se realizan en el sector público: “todo son obstáculos y dificultades”
Espadas hizo hincapié en la necesidad de contar con registros transparentes de profesionales objetores, algo que -dijo- no ocurre en regiones como Madrid, Aragón o Baleares. “Respetamos la objeción por parte de profesionales sanitarios, pero la comunidad tiene que garantizar un servicio suficiente para aquellas mujeres que quieran ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público”, afirmó.
El dirigente socialista también denunció las campañas impulsadas por gobiernos locales y autonómicos del PP junto a Vox para “tutelar o desorientar” a las mujeres que consideran interrumpir su embarazo. Citó como ejemplo la campaña del Ayuntamiento de Madrid sobre los supuestos riesgos del posparto, “sin base científica alguna”, y la oficina impulsada en Sevilla -donde gobiernan PP y Vox- que, según Espadas, promueve mensajes antiabortistas a través de asociaciones ultraconservadoras.
“Según los datos de septiembre de este año, en regiones como Cataluña el 41,8% de las mujeres pudo ejercer su derecho de interrumpir su embarazo, en Navarra el 35,1% y en País Vasco el 28,7%”. En todas ellas -subrayó- “se mantiene una cobertura pública significativa.”
Sin embargo, advirtió que en comunidades como Madrid la situación es muy distinta: “solo el 0,27% de las mujeres pudo ejercer su derecho en la sanidad pública. Más del 99% de los abortos se realizan en centros privados.”
Para el portavoz, esta brecha se explica por la ausencia de un protocolo autonómico que defina los circuitos asistenciales, los criterios clínicos y los procedimientos específicos. “No existe ninguna guía de referencia, ni para los profesionales ni para las usuarias. ¿Cómo logran que solo haya un 1%? Porque todo son obstáculos y dificultades”, concluyó.
¿Cuántos abortos se practicaron en 2024?
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que en 2024 se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, unas 3000 más que en 2023, lo que representa un aumento del 3%. Del total, el 78,74% de los procedimientos se realizaron en centros privados.
Durante la presentación de los datos sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) correspondientes a 2024, García detalló que ese 78,74% equivale a 83.609 intervenciones, 563 menos que el año anterior, una reducción que calificó como “leve, pero insuficiente”.
La ministra subrayó que Sanidad trabaja para garantizar el cumplimiento de la ley y que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la red pública, “sin obstáculos ni desigualdades territoriales”.
Casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se siguen realizando fuera de la red pública, ha lamentado la ministra que ha exigido a las comunidades “planes claros para darle la vuelta a esta situación” y a puesto de ejemplo la Comunidad de Madrid donde en los últimos diez años se han practicado más de 162.000 interrupciones voluntarias y apenas 177 en hospitales públicos: “Esto es absolutamente inaceptable”.
