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La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en cinco años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este “hito” asegurando que abre “una nueva etapa”, informó EFE.
El acuerdo se firmó tras una reunión mantenida en la tarde de este lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.
¿Cuáles son las universidades beneficiadas?
Debido a la “asfixia económica” de los últimos años, universidades como la Complutense y la Rey Juan Carlos han acumulado un déficit de 33 y 76 millones, respectivamente, que en el caso de la Complutense obligó a solicitar un préstamo de 34,5 millones a la Comunidad de Madrid en octubre pasado.
En ese contexto, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
¿Cuál era la propuesta inicial de Educación?
Mercedes Zarzalejo reinició la negociación con los rectores enfocada principalmente a su reivindicación de una financiación suficiente para poner fin a la “infrafinanciación” que sufren las universidades madrileñas desde la crisis de 2012.
La última propuesta de Educación a los rectores hasta la reunión de ayer recogía un incremento de la financiación a 1600 millones de euros para cinco años, frente a los 1239 millones presupuestados para 2026, lo que consideraban una cantidad insuficiente.
Esto se debe, a que si se estima en un 3% el crecimiento del PIB en los próximos años, estos 1600 millones supondrían en 2030 un 0,4% del PIB regional, por debajo del 1% previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).