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La causa judicial que salpica a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, suma un nuevo capítulo. El PSOE ha formalizado este miércoles su escrito de acusación como parte de la acusación popular, en el que reclama una condena de cinco años de prisión por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros y la falsificación continuada de documentos mercantiles.
El documento, al que accedió la agencia EFE, va más allá de lo que solicitaron hasta ahora tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que pidieron cuatro años de cárcel.
El PSOE reclama además que González Amador quede inhabilitado para gestionar o administrar empresas durante el tiempo que dure la condena, junto con el pago de una multa de nueve meses a razón de 100 euros por día.
La acusación también alcanza a otros empresarios investigados en la misma causa, entre ellos Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, presuntamente implicados en un entramado de facturación falsa.
Cinco años de cárcel por falsedad, fraude e integración en grupo criminal
En detalle, el PSOE ha solicitado "tres años por delito continuado de falsedad de documento mercantil, 1,5 años por pertenencia a grupo criminal y seis meses por delito continuado contable", según consta en el escrito de acusación al que tuvo acceso EFE.
La acusación socialista también se extiende a otros cinco empresarios, para quienes reclama "tres años y cuatro meses de prisión: un año y medio por falsedad en documento mercantil, otro año y medio por pertenencia a grupo criminal y cuatro meses por delito continuado contable".
La solicitud incluye también "el pago de una multa de seis meses, a razón de 50 euros diarios, y la inhabilitación para la gestión y administración de empresas durante el tiempo de la condena".
Petición de testigos y disolución de sociedades implicadas
Como parte de su estrategia procesal, el abogado del PSOE ha pedido que declaren las inspectoras de Hacienda "Mercedes Urbano y María Martínez", y que comparezcan como testigos "el director de Quirón Prevención, Fernando Camilo Maculet, y el director de grandes cuentas de la misma compañía, Emilio Conde Herce, así como los economistas Javier Luis Gómez Fidalgo y Blanca López-Crespo".
El escrito también plantea una medida contundente contra el presunto entramado empresarial involucrado en el caso: "la disolución de las sociedades Púrpura Star, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo, Desarrollo de CEE El Manantial, Bianconera Spa y Ginmosur".
