El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para crear un registro “estatal, público y obligatorio” de los grupos de interés, conocidos como “lobbies”. La medida estaba incluida en el proyecto de ley que el Gobierno envió hace más de año y medio al Congreso y que permanecía bloqueado por falta de apoyos parlamentarios.
El decreto entrará previsiblemente en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque deberá ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso para mantenerse.
Se trata, por tanto, de una vía para desatascar por decreto una regulación que llevaba tiempo encallada en la tramitación ordinaria.
Qué regula el nuevo registro de “lobbies”
Según explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el decreto crea un registro estatal de los grupos de interés gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y regula su relación con el personal de la administración pública susceptible de recibir influencia.
La norma detalla además quiénes tienen la consideración de grupos de interés, qué se entiende por actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla.
La inscripción tendrá carácter obligatorio: quienes no estén registrados no podrán ejercer actividades de influencia ante el personal público. El registro será público y accesible a través del Portal de la Transparencia.
El texto contempla también un régimen sancionador, con infracciones tipificadas como muy graves, graves y leves, cuya instrucción corresponderá igualmente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Por qué el proyecto estaba bloqueado
La denominada ‘ley de lobbies’ es una reclamación histórica de organismos como la Comisión Europea, la OCDE y el grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO), y forma parte del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno. El pasado junio, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, llamó a todos los grupos parlamentarios a tramitar y aprobar la norma.
El propio sector reclama esta regulación para dar transparencia a su trabajo y evitar que una labor que consideran legítima se confunda con la corrupción o el tráfico de influencias. Pese a ello, el proyecto llevaba más de año y medio sin avanzar en el Congreso por falta de los apoyos necesarios.
Según recoge el cable de EFE, el bloqueo del proyecto regresó a la actualidad con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, entre otros delitos. La aprobación por decreto permite al Ejecutivo sortear el atasco parlamentario y poner en marcha el registro sin esperar a la tramitación completa de la ley.