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Después de más de un año de espera, el Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el real decreto para financiar la ley ELA, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.
La medida establece una nueva categoría de dependencia extrema y garantiza ayudas de hasta 10.000 euros mensuales para personas en fase avanzada de esta enfermedad neurodegenerativa.
El decreto convalidado contempla una inversión inicial de 500 millones de euros para reforzar la atención intensiva a pacientes diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
La norma, que llevaba más de doce meses pendiente de dotación presupuestaria, ahora podrá comenzar a aplicarse en todo el país con la colaboración de las comunidades autónomas.
Qué establece el real decreto aprobado
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió el texto ante la Cámara Baja, asegurando que por fin las personas afectadas “van a contar con una protección y un acompañamiento por parte de los poderes públicos”.
La norma crea el llamado Grado III+ de dependencia extrema, pensado para enfermedades neurológicas que requieren cuidados complejos y atención personalizada las 24 horas del día.
Bustinduy agradeció a los diputados su respaldo, destacando que “la política social tiene esa capacidad de suspender el enfrentamiento gratuito e improductivo para convertirse en acuerdos”. El ministro también subrayó el trabajo con las comunidades para que el despliegue se realice “con la mayor celeridad, fiabilidad y coherencia posible”.
Por qué hubo críticas pese a la unanimidad
Aunque la convalidación fue unánime, varios grupos aprovecharon la sesión para criticar la tardanza del Gobierno en aplicar la ley. “Han pasado 12 meses y 20 días desde la publicación en el BOE y no han hecho nada en este año”, reprochó Elvira Velasco (PP), que habló de “falta de voluntad política”.
Pilar Clavo (Junts) fue tajante al recordar que la ley llega “más de 1.100 muertes tarde”, y exigió que el Ejecutivo ponga en marcha las ayudas de forma “urgente e inmediata”. Desde EH Bildu, Marije Fullaondo advirtió que cualquier retraso adicional “implicaría un precio demasiado alto”.
Jordi Salvador (ERC) pidió a la Cámara que actúe con más agilidad en otros temas sociales como la vivienda o el ingreso mínimo vital. También desde Vox, Rocío de Meer acusó al Gobierno de “haber dejado tiradas” a las personas con ELA y reclamó responsabilidades por años de inacción.
Cuáles son los próximos pasos para aplicar la ley
El nuevo decreto refuerza el sistema de atención a la dependencia y establece las bases para una atención adecuada a los enfermos de ELA, aunque varias formaciones alertaron de que los fondos pueden resultar insuficientes si no se ajustan a las necesidades reales.
La implementación dependerá en buena parte de las comunidades autónomas, responsables de coordinar los recursos y personal especializado. Bustinduy garantizó que no se infringirá ninguna competencia autonómica en el proceso.
Formaciones como Podemos, UPN, BNG y Coalición Canaria apoyaron también el texto por considerarlo “necesario e imprescindible”, aunque pusieron el foco en la necesidad de vigilar que los fondos lleguen a tiempo y no se diluyan en trámites administrativos.
Con este paso, la ley ELA avanza hacia una aplicación real y efectiva, ofreciendo un mínimo de dignidad a pacientes y familiares que han esperado demasiado. El desafío ahora es convertir ese consenso político en una respuesta tangible para quienes más lo necesitan.