Fuente: EFE
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En 2024 estalló el llamado caso Koldo, una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia que compromete a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y al asesor Koldo García.
En 2025, el foco judicial se ha ampliado: se investiga si el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como organización pudo haberse beneficiado de estas operaciones, lo que podría activar consecuencias jurídicas directas para el partido e indirectas para su secretario general, el presidente Pedro Sánchez.
¿Está imputado Pedro Sánchez?
Actualmente, Pedro Sánchez no está imputado ni ha sido citado como testigo. Sin embargo, la posibilidad de que deba declarar ante el Tribunal Supremo no está descartada.
El abogado penalista Felipe García Hernández, de la World Compliance Association, explicó a El País que si se comprueba que el PSOE se benefició de las adjudicaciones corruptas y no contaba con mecanismos de control adecuados, "la organización podría ser imputada bajo el artículo 31 bis del Código Penal". En ese contexto, la Fiscalía podría requerir la declaración del presidente como responsable orgánico del partido.
Por su parte, el abogado Víctor Ávila consideró "muy prematuro" hablar de una imputación contra Sánchez. Subrayó que no hay pruebas directas que lo vinculen con los hechos y recordó que la imputación de un aforado requiere una carga probatoria mucho más elevada que la de un ciudadano común.
Próximos pasos clave de la investigación
El 23 y el 30 de junio se producirán dos hitos clave: las declaraciones de Ábalos y Cerdán ante el Tribunal Supremo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también prepara cuatro informes clave sobre comunicaciones, patrimonio y adjudicaciones, que podrían revelar el alcance real del entramado y determinar si hubo conocimiento u omisión institucional desde Ferraz.
De confirmarse que el PSOE no actuó con la debida diligencia para evitar la corrupción, podría activarse una imputación como persona jurídica. En ese escenario, según la doctrina penal española, sería lógico que se convocara a declarar a quienes encabezaban la estructura partidaria. Es decir, a Pedro Sánchez.
Cómo se compara con otros casos históricos
El caso Koldo no es el primero que sacude la política española. El caso Gürtel (PP) y los ERE de Andalucía (PSOE) marcaron hitos judiciales con condenas firmes y consecuencias políticas severas.
En 2018, la sentencia del caso Gürtel provocó la caída de Mariano Rajoy por una moción de censura, aun sin condena directa contra él. Esa misma lógica podría aplicarse ahora: aunque Sánchez no tenga responsabilidades penales, podría verse desplazado si la presión parlamentaria aumenta.
Riesgo político, más que penal
Pedro Sánchez no enfrenta, al día de hoy, un escenario judicial directo. Sin embargo, la evolución de la causa y las responsabilidades del partido podrían llevarlo a declarar. Más que una amenaza penal, lo que se perfila es una crisis de legitimidad que podría escalar si se demuestra que hubo omisión o tolerancia institucional ante una red de corrupción dentro del PSOE.
