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El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a fijar una citación en plena Semana Santa para avanzar en la causa contra Begoña Gómez, en un movimiento que se repite por segundo año consecutivo. En esta ocasión, el magistrado busca comunicar a los tres investigados su decisión, adoptada por tercera vez, de que el procedimiento recaiga en un jurado popular.
La convocatoria tiene lugar este Miércoles Santo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, aunque no está previsto que acudan los investigados -Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-, quienes estarán representados por sus letrados, según fuentes jurídicas.
Una nueva citación en Semana Santa marcada por el jurado popular
Se trata de la tercera vez que el juez Peinado lleva a cabo este trámite, tras haberlo hecho previamente en una pieza separada de malversación y en la causa principal por tráfico de influencias. Ambas investigaciones fueron posteriormente acumuladas en un único procedimiento por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.
Además, la instancia superior obligó al magistrado a dictar un nuevo auto para que la causa sea asumida por un jurado popular, después de anular sus decisiones anteriores por falta de motivación.
¿Qué se decide en la vista y qué piden las partes?
La vista de este miércoles responde a lo establecido en la ley del jurado y tiene como objetivo concretar la imputación contra los investigados. En este marco, las partes deberán posicionarse sobre el rumbo de la causa, planteando si procede su archivo o la continuación con nuevas diligencias.
Los tres investigados han presentado recursos de reforma contra la última decisión del juez, solicitando el archivo de la investigación. En el caso de la defensa de Begoña Gómez, sostienen que la causa se instruye en su contra por su condición de cónyuge del presidente del Gobierno.
Los indicios del juez y los plazos que condicionan el futuro del caso
Frente a estas peticiones, el juez aprecia indicios de delito en las actuaciones de Begoña Gómez relacionadas con el impulso y financiación de una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, así como en su relación con Juan Carlos Barrabés y el uso de su asesora. Por estos hechos, se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
El desarrollo de la causa, que el próximo 16 de abril cumple dos años, dependerá en gran medida de las resoluciones de la Audiencia Provincial sobre los recursos que previsiblemente presentarán las partes, un proceso que puede prolongarse entre cinco y ocho meses.
A ello se suma que el juez Peinado alcanzará a finales de septiembre la edad máxima para ejercer, lo que abre la posibilidad de que deba jubilarse antes de concluir la instrucción.