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La Comunidad de Madrid ha decidido dar un giro en su política universitaria tras el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha activado el primer relevo en una consejería en siete años de mandato y, como efecto inmediato, el Gobierno regional ha dejado en el aire la tramitación de su controvertida Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).
El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, confirmó que la norma no seguirá adelante en los términos actuales. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aseguró que la ley no saldrá “tal y como está redactada” y que “ese texto no va a salir”. El movimiento supone un freno temporal a uno de los proyectos más relevantes de la legislatura del PP en Madrid.
La Lesuc queda en pausa y cambia la prioridad política
La decisión se produce después de meses de tensión con la comunidad universitaria. La Lesuc, aún en fase de borrador, había generado un rechazo frontal de rectores, profesores y estudiantes, que denunciaban que la norma perpetuaba la infrafinanciación y favorecía a las universidades privadas.
Durante 2025 se sucedieron protestas en las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá), que culminaron en noviembre con una huelga de dos días. Incluso en los últimos días se había planteado una nueva escalada de movilizaciones.
Ahora el Gobierno regional reorienta su estrategia. García Martín explicó que la “prioridad” será diseñar un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas, consensuado con los rectores y sin necesidad de articularlo necesariamente mediante una ley. “Esperamos que ese modelo, no en mucho tiempo, pueda estar conformado y aprobado con la conformidad de todas y cada una de las seis universidades públicas”, afirmó.
El relevo en Educación y la cascada de salidas
El cambio político ha estado acompañado de movimientos internos en la Consejería. El cese de Emilio Viciana fue calificado por el portavoz como un “relevo”, y subrayó que se trata del primer cambio de consejero que realiza Ayuso en siete años de gobierno.
Viciana había asegurado que su salida se produjo “a petición propia”, pero García Martín aclaró que la decisión fue de la presidenta regional. A su salida se han sumado los ceses del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.
La nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, será quien “deba abordar aquellas reformas normativas, entre ellas una ley de universidades, que puedan ser adecuadas”, aunque con la financiación como prioridad inmediata. El propio portavoz no descartó que pueda haber más cambios en el equipo, ya que “la nueva consejera tendrá que ver cómo aborda el conjunto de la Consejería”.
A estos movimientos se han sumado dimisiones en el grupo parlamentario popular. Tres diputados autonómicos, Mónica Lavín, Carlota Pasarón y Pablo Posse, dejaron su escaño, así como uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra.
Sobre este último, García Martín explicó que su salida fue una “renuncia”, al tratarse de un puesto no ejecutivo, y recalcó que las decisiones sobre las políticas públicas se toman “en la sala del Consejo de Gobierno o en los despachos de los consejeros y los directores generales”.
Un nuevo modelo de financiación como eje del cambio
El freno a la ley universitaria madrileña no significa que el Gobierno renuncie a reformar el sistema. Significa que cambia el orden de prioridades. El Ejecutivo quiere centrar ahora el debate en cómo garantizar la sostenibilidad económica de las universidades públicas sin reabrir de inmediato el conflicto legislativo.
García Martín pidió dar tiempo a la nueva consejera para que “llegue al despacho” y “retome todos los trabajos que estaban en esa consejería”. La intención es negociar un modelo estable que permita resolver uno de los puntos más conflictivos de la Lesuc: la financiación estructural del sistema universitario.
Para el Gobierno de Ayuso, el texto actual queda aparcado. “Ese texto no va a salir”, insistió el portavoz. A partir de ahora, la negociación con los rectores y el diseño presupuestario marcarán el rumbo.
El pulso político no ha terminado. La oposición y la comunidad universitaria seguirán vigilantes. Pero el Ejecutivo madrileño ha optado por enfriar la tensión legislativa y abrir una nueva etapa en Educación, con cambios de nombres y una estrategia diferente para uno de los sectores más sensibles de la región.