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El Gobierno de Ayuso ha acusado al PSOE de impulsar “una denuncia falsa” ante el Tribunal de Cuentas por la gestión de hospitales públicos concesionados. La polémica gira en torno a los contratos con Grupo Quirón y Ribera Salud y a una supuesta irregularidad en la administración de fondos.
Según informó EFE, el Tribunal de Cuentas investigará la gestión de estos hospitales tras una denuncia presentada por el PSOE. La decisión incluye abrir “la correspondiente pieza de acción pública” y trasladar el caso al Ministerio Fiscal para su análisis.
El PSOE sostiene que existió un presunto menoscabo de fondos públicos vinculado al control de facturación entre hospitales de gestión directa y centros privados. Este punto es clave en el conflicto político que enfrenta al Gobierno de Ayuso con la oposición.
El Gobierno de Ayuso responde a la denuncia del PSOE
El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, aseguró que el Gobierno de Ayuso está acostumbrado a este tipo de acusaciones. En declaraciones a la prensa, afirmó: “Estamos acostumbrados a estas denuncias falsas del Partido Socialista para tratar de emponzoñar”.
Además, defendió los mecanismos de control de la administración pública madrileña. “Cualquier pago que se realiza por parte de la Consejería de Sanidad y también en general por parte de la Comunidad de Madrid, primeramente, es auditado y, después, es fiscalizado”, explicó.
El Gobierno de Ayuso también cuestionó la postura del PSOE sobre el modelo de colaboración público-privada. García Martín denunció “la hipocresía” de la izquierda al criticar este sistema en Madrid mientras lo utiliza en otras administraciones.
El origen de la denuncia sobre Quirón y Ribera
El PSOE presentó la denuncia el 20 de febrero ante el Tribunal de Cuentas. El eje del reclamo es un documento interno que indicaría que el Ejecutivo madrileño habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud.
Ese monto estaría vinculado a una deuda generada por la atención de pacientes en la sanidad pública procedentes de centros privados concertados. Esta situación se relaciona con el sistema de libre elección vigente en Madrid.
El Tribunal de Cuentas, en su diligencia, también exige al PSOE que, si quiere continuar con la acción pública, debe personarse en un plazo de nueve días e “individualizar los supuestos” de responsabilidad contable.
Sanidad advierte a Ayuso por el registro de objetores
En paralelo al conflicto por la denuncia, el Gobierno de Ayuso enfrenta otro frente con el Ministerio de Sanidad. La ministra Mónica García advirtió sobre posibles consecuencias legales si Madrid no cumple con la creación del registro de objetores al aborto.
Durante su intervención, recordó: “El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales... pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación”.
La ministra criticó que Madrid sea la única comunidad que no implementó este registro. También remarcó que el 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas en la región.
La titular de Sanidad fue contundente sobre el cumplimiento normativo: “En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién, se cumplen, punto”. Esta afirmación marca la tensión institucional entre el Gobierno central y el Gobierno de Ayuso.
Además, cuestionó el “empeño personal” de la presidenta madrileña en no implementar medidas exigidas por la legislación vigente. Desde el Ejecutivo nacional aseguran que el objetivo es garantizar derechos y asegurar la aplicación uniforme de la ley.
En este contexto, Sanidad anunció que enviará una carta a todas las comunidades autónomas para evaluar cómo se presta el servicio de interrupción del embarazo y verificar el cumplimiento normativo en todo el país.