Ayuso acusa a Sánchez de liderar una "operación de Estado" contra ella y pide su dimisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este viernes duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de estar detrás de una "operación de Estado" dirigida a desprestigiarla. 

En sus declaraciones, Ayuso comparó la actuación del Ejecutivo con la de un "régimen bolivariano", al tiempo que exigió la dimisión de Sánchez por considerarlo "acorralado por la corrupción" y "una vergüenza para España".

En los pasillos de la Asamblea de Madrid, Ayuso denunció que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría eliminado mensajes clave de su teléfono móvil, presuntamente para encubrir a miembros del Gobierno. 

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el móvil del fiscal no contiene mensajes en el periodo del 8 al 14 de marzo, fechas cruciales para una investigación sobre un supuesto fraude relacionado con la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

"Esto es propio de una dictadura", afirmó la líder madrileña, quien acusó al Ejecutivo de proteger al fiscal y actuar de manera desleal hacia las instituciones. Según Ayuso, el jefe del Ejecutivo "se jacta" de la actuación del fiscal general y está "riéndose de la Guardia Civil".

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió con vehemencia a su pareja sentimental, al asegurar que González Amador ha sido víctima de una campaña de desprestigio. "Le han robado todo, incluido su anonimato", declaró Ayuso, subrayando que el empresario está costeando su defensa "con sus propios recursos" frente a lo que considera una maquinaria estatal desproporcionada.

Además, Ayuso apuntó directamente al PSOE madrileño como parte activa de esta supuesta operación en su contra. Según indicó, el actual líder socialista en Madrid, Juan Lobato, y otros altos cargos habrían tenido conocimiento previo de información comprometida relacionada con su pareja. "El PSOE, con Lobato a la cabeza, participó activamente en esta operación de Estado para intentar destruirme políticamente", acusó.

Sánchez citado a conciliación judicial en medio de un clima de confrontación política

El conflicto político también tiene un frente judicial. Un juzgado madrileño ha citado a Pedro Sánchez a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero, paso previo a una posible querella interpuesta por Amador por injurias y calumnias.

El empresario considera que Sánchez lo difamó al referirse a él como "delincuente confeso", en relación con un correo electrónico filtrado en el que supuestamente se reconocía un fraude fiscal para alcanzar un acuerdo con Hacienda. Aunque este acto es un trámite legal obligatorio, ni Sánchez ni sus abogados están obligados a comparecer.

La polémica se enmarca en un ambiente de alta tensión política entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Mientras Ayuso acusa a Sánchez de utilizar las instituciones para perseguir a sus adversarios, el Gobierno central ha evitado pronunciarse oficialmente sobre las declaraciones de la presidenta madrileña.

Por su parte, sectores cercanos al PSOE critican que Ayuso utiliza este conflicto para desviar la atención de los problemas de gestión en la Comunidad de Madrid y polarizar aún más el debate público.

Este nuevo enfrentamiento agrava la, ya de por sí delicada, relación entre el Ejecutivo de Sánchez y la Comunidad de Madrid, encabezada por una de las figuras más visibles del Partido Popular. Con elecciones generales en el horizonte, el choque entre ambos líderes podría convertirse en un tema central de campaña, alimentando la polarización política y social en el país.

Mientras tanto, Ayuso ha dejado claro que no dará marcha atrás en su denuncia pública: "Seguiré defendiendo a los ciudadanos de Madrid frente a este Gobierno que actúa como una maquinaria contra la democracia".

El caso, que combina elementos judiciales, políticos y personales, promete seguir acaparando titulares en las próximas semanas. Analistas políticos advierten que la escalada de tensiones podría tener consecuencias impredecibles, tanto para Ayuso como para Sánchez.