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La desclasificación de los documentos del 23F, que el Gobierno de España ha anunciado que aprobará este martes el Consejo de Ministros, ha sido una reivindicación histórica por parte de partidos, investigadores y periodistas para conocer los pormenores de lo que sucedió en ese intento de golpe de Estado en febrero de 1981.
Asimismo, una vez que el Consejo de Ministros apruebe esta decisión, la desclasificación de los archivos se hará efectiva al día siguiente, miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, la información estará a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.
Los sucesivos gobiernos se han amparado en la ley de secretos oficiales para no hacer públicos esos documentos, y el Ejecutivo actual había emplazado la desclasificación a la aprobación de la norma que debe sustituir a la ley de 1968, vigente desde la dictadura de Francisco Franco.
¿Por qué no se habían desclasificado hasta ahora los documentos del 23F?
El Gobierno aprobó en julio de 2025 el nuevo proyecto de ley de secretos oficiales, pero la falta de apoyos suficientes en el Congreso ha impedido avanzar en su tramitación. Ese fue el argumento esgrimido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 20 de noviembre, en la presentación en el Congreso de la serie de televisión ‘Anatomía de un instante’. Durante ese acto, el autor del libro en el que se inspira la producción, Javier Cercas, pidió la desclasificación para evitar muchos “bulos y bolas” sobre lo ocurrido ese día.
Sánchez anunció este lunes en redes sociales la decisión y adjuntó el vídeo con la intervención de Cercas, en la que instaba a desclasificar hasta donde fuera posible los documentos para que quienes difunden bulos “tengan un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras”.
“La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino”, escribió el presidente.
¿Qué iniciativas políticas han reclamado conocer toda la verdad?
En marzo de 2024, ERC, EH Bildu y BNG reclamaron también la desclasificación a raíz de las conclusiones del libro del periodista Carlos Fonseca, ‘23F. La Farsa’, presentado en el Congreso. Su autor apuntó que “si se levantara el velo, habría que cambiar el relato oficial, y algunas personas e instituciones no quedarían en buen lugar”.
En esa presentación, el diputado de EH Bildu Oskar Matute consideró el levantamiento del secreto una asignatura pendiente de la democracia, mientras que el parlamentario del BNG Néstor Rego destacó que solo fueron juzgados unos pocos mandos militares y un implicado de la trama civil, y no se investigó la trama económica.
Las iniciativas parlamentarias se remontan años atrás. En febrero de 2012, Izquierda Unida presentó una proposición no de ley instando a desclasificar todos los papeles y las grabaciones de las conversaciones telefónicas de esa jornada entre el Congreso y el exterior, así como las que hubo desde el Palacio de la Zarzuela con el rey Juan Carlos I al frente.
Posteriormente, Izquierda Plural volvió a registrar peticiones para desclasificar los documentos y crear una comisión de investigación. En noviembre de 2024, con los votos de PSOE, PP y Vox, el pleno del Congreso rechazó una moción de Podemos para desclasificar los documentos. No obstante, en junio de 2021 el PSOE ya había votado junto a formaciones nacionalistas e independentistas promover cambios para desclasificar algunos documentos vinculados al intento de golpe.
El PNV ha recordado que lleva casi una década intentando reformar la ley de secretos oficiales y ha presentado hasta cinco iniciativas, y ha pedido al Gobierno que no se limite al 23F.
¿Qué incógnitas siguen abiertas 45 años después?
A la espera de conocer qué documentos concretos se harán públicos, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra afirma en su libro ‘La rosa y las espinas’, editado en 2023, que cuando el PSOE llegó a la Moncloa en 1982 se interesó por las supuestas grabaciones de ese día, pero no las encontró. En una entrevista de EFE al cumplirse los 40 años del 23F, señaló que en lo fundamental se conoce lo que pasó y quiénes estaban detrás, pero no las conversaciones entre los golpistas en el Congreso y los del exterior.
Francisco Laína, quien asumió el llamado Gobierno de los subsecretarios mientras el Ejecutivo de Adolfo Suárez estuvo retenido, ha manifestado en varias ocasiones que esas grabaciones no existieron y que son fantasías. Sin embargo, pocos días después del golpe, en una entrevista en ‘ABC’, afirmó que fueron cortando líneas telefónicas del Congreso hasta que quedó una intervenida y que existía una conversación “grabada en cinta” entre el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y uno de los protagonistas de la trama civil, Juan García Carrés.
Dirigentes como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han pedido que se hagan públicas las grabaciones que existan y también el sumario del juicio del 23F.
Otra de las grandes incógnitas es la identidad del denominado Elefante blanco, la figura que debía tomar el mando del golpe y que nunca apareció en el Congreso. Aunque siempre se ha especulado con el general Alfonso Armada, este lo desmintió.