El proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vivido su jornada más tensa tras la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una intervención marcada por la carga emocional, el empresario aseguró que la exposición mediática y las filtraciones sobre su caso le han llevado al límite.

González Amador, que comparece como testigo en este juicio en el Tribunal Supremo, afirmó que la difusión de la información que atribuye a García Ortiz le ha “destrozado la vida”, al punto de confesar: “O me voy de España o me suicido”.

Un alegato lleno de tensión

El empresario pidió permiso al tribunal para realizar un alegato final en el que quiso dejar constancia del “daño personal y económico” que ha sufrido tras la filtración del correo de su abogado, en el que se reconocían dos delitos fiscales. “Que quede claro que, a mí, la filtración del fiscal general del Estado me ha destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España o me suicido”, repitió visiblemente afectado.

Ante esas palabras, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le respondió con serenidad: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas, en todo caso hable con su abogado, que será quien mejor le pueda asistir”. Acto seguido, varios magistrados intercambiaron miradas y el juez ordenó un receso inmediato para calmar el ambiente en la sala.

Fuentes jurídicas presentes en la vista calificaron el momento de “extremadamente tenso”. La intervención de González Amador no solo reflejó su frustración personal, sino también la tensión política que rodea el caso, que ha tenido una fuerte repercusión mediática desde su inicio.

Amador asegura que le “han matado públicamente”

Durante su testifical, el empresario acusó directamente al fiscal general del Estado de haberle “matado públicamente”. En su declaración ante el Supremo, González Amador afirmó: “Me convirtió en el delincuente confeso del Reino de España” después de que la Fiscalía difundiera una nota de prensa en marzo de 2024 explicando un supuesto acuerdo judicial.

González Amador recordó que, tras aquella comunicación oficial, el Gobierno comenzó a referirse a él públicamente como “delincuente confeso”, lo que, a su juicio, supuso una “ruptura de su presunción de inocencia”. Además, insistió en que nunca autorizó el envío del correo en el que su abogado admitía los delitos, ni fue consciente de su existencia: “Jamás supe de ese correo ni autoricé su envío”, afirmó rotundo.

El empresario relató que cuando la Agencia Tributaria remitió los indicios del presunto fraude a la Fiscalía, él pidió a sus abogados “un camino rápido y sin ruido”, lo que interpretó como un intento de resolver el proceso de forma discreta. Sin embargo, sostuvo que la filtración del documento cambió por completo el rumbo del caso y su vida personal.

Un proceso judicial con implicaciones políticas

El caso, que investiga un presunto fraude fiscal de 350.951 euros mediante facturas falsas y posibles delitos de corrupción en los negocios, ha tenido también un fuerte impacto político. González Amador aseguró ante el tribunal que no puede evitar pensar que su situación se agravó por su relación con la presidenta madrileña: “Dejé de ser un ciudadano normal desde el momento en que se supo que era la pareja de Isabel Díaz Ayuso”.

Durante su intervención, también se refirió al papel del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien habría difundido a periodistas la idea de que “la Fiscalía había recibido órdenes de arriba” para frenar el acuerdo, algo que el propio Rodríguez describió ante el tribunal como una “deducción lógica”.

El empresario, no obstante, fue contundente al concluir su declaración: “Ni entro ni salgo. Igual tiene razón, porque a día de hoy no hay pacto ni hay nada”.

Con estas palabras, González Amador volvió a subrayar su sensación de desamparo frente a lo que considera una maquinaria mediática y política en su contra. Un testimonio cargado de dramatismo que ha sacudido tanto la esfera judicial como la política española, dejando abierta una pregunta inquietante sobre los límites entre la justicia, la exposición pública y la vida privada.