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El control de Hacienda sobre las transferencias de dinero entre familiares, incluidos padres e hijos, ha suscitado inquietudes entre los contribuyentes.
Aunque estas operaciones son comunes y se realizan con fines legítimos, es fundamental entender las normativas para evitar problemas legales y sanciones económicas.
El marco normativo vigente establece que, aunque estas transacciones no están prohibidas, Hacienda puede considerar ciertas transferencias como donaciones encubiertas o ingresos no justificados si no se presentan los documentos adecuados.
Además, las operaciones sospechosas están sujetas a investigación por parte de las autoridades fiscales.
¿Cuándo se sancionan las transferencias?
El principal riesgo asociado a las transferencias entre padres e hijos radica en su posible interpretación como donaciones, las cuales están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).
De acuerdo con la Ley 29/1987, todas las donaciones deben ser declaradas utilizando el modelo 651 en la comunidad autónoma correspondiente.
La omisión de esta declaración puede acarrear sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% del monto no declarado, además de la acumulación de intereses de demora, lo que puede resultar en un impacto financiero significativo para el contribuyente.
Adicionalmente, es importante señalar que las entidades bancarias tienen la obligación de informar a Hacienda sobre transacciones que superen ciertos umbrales, como transferencias en efectivo que excedan los 3000 euros o acumulaciones que superen los 10.000 euros anuales.
En tales situaciones, Hacienda podría llevar a cabo una investigación exhaustiva para verificar la legalidad de la operación, lo que podría derivar en complicaciones adicionales para los involucrados.
Principales distinciones entre préstamo y donación
Es fundamental establecer una clara distinción entre una donación y un préstamo. Mientras que las donaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), los préstamos no generan obligaciones fiscales si se formalizan de manera adecuada y conforme a la normativa vigente.
Para ello, es necesario redactar un contrato que detalle las condiciones del préstamo y presentarlo a través del modelo 600.
Este procedimiento es esencial para justificar la operación y evitar que la Agencia Tributaria la clasifique como una donación. Asimismo, es relevante incluir cláusulas precisas sobre los plazos de devolución y la posibilidad de intereses, aunque estos últimos no son obligatorios.
La documentación pertinente resguarda tanto al prestamista como al prestatario de eventuales sanciones, garantizando así la transparencia y legalidad de la transacción.
Bizum y el efectivo: la supervisión de Hacienda
El uso de plataformas digitales como Bizum está sujeto a las mismas regulaciones fiscales. Si las transferencias realizadas en un año fiscal superan los 10.000 euros, es obligatorio incluirlas en la declaración de la renta.
Además, los bancos tienen la responsabilidad de notificar a Hacienda sobre cualquier movimiento que consideren sospechoso, incluso si el monto es inferior al límite mencionado.
En cuanto al manejo de efectivo, aunque no está prohibido, las transferencias que superen los 2500 euros entre particulares deben estar respaldadas por documentación que justifique su origen y propósito.
De lo contrario, podrían ser clasificadas como ingresos no declarados, lo que podría resultar en sanciones fiscales.
