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El mercado de alquileres español se encuentra convulsionado desde hace varios años. Alquilar una vivienda no es un trámite sencillo y cada vez son más frecuentes las prácticas legales que dejan a los inquilinos en situación de vulnerabilidad legal y habitacional. Aunque el deseo de tener un hogar propio está presente para muchos jóvenes, la realidad económica lo complica todo.
La creciente desprotección a los arrendatarios permite que los propietarios recurran a lagunas legales que garantizan su beneficio mientras los inquilinos enfrentan barreras constantes. En el mercado de alquileres actual, los precios se mantienen en subida mientras que cada vez hay menos pisos disponibles y compartir casa se ha vuelto la opción predominante para quienes buscan la independización.
Sumado a los problemas económicos que acarrean los alquileres, la inseguridad es otro factor a tener en cuenta. Muchos inquilinos viven con el miedo constante a que les suban el alquiler de golpe o ni siquiera les renueven el contrato.
En este marco es que la popularización de la cláusula de rescisión anticipada ha generado polémica entre los arrendatarios. Esta condición está incluida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y especifica que si el arrendador decide activar la cláusula, basta con comunicárselo al inquilino para que este pierda el derecho a seguir en la vivienda.
La cláusula que permite a los propietarios desalojar a sus inquilinos
La cláusula de rescisión anticipada se suele utilizar en los contratos de alquiler de locales comerciales y naves industriales, pero también se puede acoger el propietario de un piso, según la LAU. Actualmente, son muchos los contratos de alquiler que incluyen una cláusula que permite al propietario recuperar la vivienda sin necesidad de justificar una causa específica y cuando quiera.
Los contratos que contienen esta cláusula suelen estipular que cualquier conflicto se resolverá en tribunales de arbitraje, en lugar de en los tribunales ordinarios. Esto puede limitar las opciones de defensa del inquilino y acelerar el proceso de desalojo.
Esta cláusula puede permitir la rescisión del contrato en un plazo corto, con un preaviso mínimo de siete días, sin que el inquilino tenga derecho a compensación. Sin embargo, el arrendatario puede pactar en el contrato una indemnización obligatoria por si se activa esta condición y el propietario deberá pagarla.
La inclusión de esta cláusula puede permitir al propietario eludir las protecciones que la LAU ofrece a los inquilinos, como el derecho a permanecer en la vivienda durante un mínimo de cinco años. Esto puede dejar al arrendatario en una situación de vulnerabilidad y sin recursos legales efectivos para defender su permanencia en la vivienda.
Cómo protegerse legalmente de esta cláusula en los contratos de alquiler
Aunque la LAU establece un mínimo de 30 días para que el inquilino renuncie y cinco años de prórroga obligatoria para el propietario, la cláusula de rescisión anticipada intenta sortear esos límites mediante el arbitraje. Sin embargo, organizaciones de consumidores insisten en que el arrendador no puede saltearse los derechos básicos de alquiler.
En este marco es que algunos jueces han anulado pactos similares cuando se acreditan desequilibrios. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda estudia reforzar los controles sobre estas cláusulas, pero por ahora la responsabilidad de detectar el riesgo recae en el arrendatario. Algunos consejos para protegerse de la cláusula de rescisión anticipada son:
- Leer el contrato con calma y analizar todo lo que parezca una resolución unilateral por parte del propietario.
- Negociar la eliminación de condiciones como esta cláusula o modificar sus condiciones.
- Pedir que los conflictos se resuelvan en los tribunales ordinarios.
- Acudir a un profesional antes de firmar para corroborar todos los detalles del contrato.
- Guardar correos y recibos porque pueden ser pruebas decisivas en un eventual juicio.
